/ domingo 23 de junio de 2024

¿Por qué resulta difícil medir la corrupción? 

Por: PATRICIA OROS R.

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

En los últimos años, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de las entidades públicas ha cobrado relevancia convirtiéndose en un aspecto fundamental, ya que si los gobiernos no garantizan a los ciudadanos el acceso a información fidedigna y pertinente sobre el quehacer gubernamental, existe mayor riesgo de que éstos se corrompan.

En ese sentido, desarrollar y contar con instrumentos adecuados para medir los niveles de corrupción o de transparencia, contribuyen a fortalecer los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, así como a evaluar las políticas públicas para combatir la corrupción. Por tal motivo, los índices de corrupción ejercen una importante influencia en el desarrollo político, económico y social de un determinado país.

Ahora bien, medir tiene varias ventajas, una de ellas es que se facilita la comprensión del fenómeno analizado, permite realizar comparaciones, aunado a que genera la posibilidad de que los gobiernos lleven a cabo reformas o presenten iniciativas de ley basados en sus resultados sobre varios temas, tales como la integridad pública y economía. Sin una medición, los esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas se quedaría únicamente en el discurso.

En cuanto al desarrollo de indicadores, considerar variables contrarias al abuso del poder, tales como capacidad de respuesta, disciplina presupuestal, ética y responsabilidad permiten evidenciar el aumento o reducción de los nivles de corrupción.

Sin embargo, medir la corrupción representa una tarea sumamente compleja ya que la conceptualización de este término varia, así como el hecho de que el límite entre el comportamiento lícito e ilícito no siempre está claramente definido ni es igual para todos los ciudadanos, aunque debiera, dificultando la precisión en su medición.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial son las mediciones más destacadas a nivel interna- cional y las que más influencia ejercen a nivel nacional para que los gobiernos promuevan reformas anticorrupción. No obstante, poseen serias limitaciones metodológicas. Por un lado, las percepciones sobre las que se basan las cifras podrían reflejar una gran variedad de aspectos: impresiones formadas con el paso de los años, más que el estado de la corrupción en un momento específico; el nivel de apertura con que se habla del tema, más que la gravedad del problema en una sociedad; las preferencias y desafectos de los entrevistados con respecto de un país, entre otros (Johnston, 2005).

El INEGI, desde 2011 realiza bienalmente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuyo objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los dife- rentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia para aportar elementos para la toma de decisiones de política pública. Sin embargo, únicamente se limita a ofrecer información sobre la percepción y experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar algún trámite ante servidores públicos (INEGI, 2018a).

En términos generales, el estudio de la corrupción se basa en apreciaciones subjetivas debido a la dificultad para obtener datos empíricos confiables, por lo que el mayor desafío es contar con información oportuna, confiable, accesible y transparente sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas para medir adecuadamente este fenómeno social (Hernaíz et al., 2014).

Asimismo, se debe considerar el hecho de que los instrumentos homogéneos diseñados para medir corrupción pueden tener limitaciones relacionadas con su adaptabilidad a cada uno de los países que sean objeto de estudio.

Para concluir, podemos decir que en la mayoría de los países existe cada vez mayor interés por conocer los efectos reales de las prácticas corruptas y la ausencia de transparencia en la vida política y económica de los países, y México no puede ser la excepción. Por ello, la medición de estos fenómenos, aunque tiene sus bemoles, debe ser un eje central y prinicipal preocupación del goberno federal y estatales. Me queda claro que sin medición, no puede haber mejora alguna y, por ende, los esfuerzos de combate a la corrupción y rendición de cuentas corren el riesgo de quedar en letra muerta.

“La corrupción es quizás el crimen menos reportado que existe.”


Bibliografía

Hernaíz, C.; M. Phélan y J. Camacho (2004).

INEGI (2018). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. Disponible en: https://goo.gl/cfF87g +

Johnston, M. (2005). Es posible medir la corrupción, ¿pero podemos medir la reforma?. Revista Mexicana de Sociología, vol.67 no.2, México. Disponible en: https://goo.gl/1BspKz


Por: PATRICIA OROS R.

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

En los últimos años, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de las entidades públicas ha cobrado relevancia convirtiéndose en un aspecto fundamental, ya que si los gobiernos no garantizan a los ciudadanos el acceso a información fidedigna y pertinente sobre el quehacer gubernamental, existe mayor riesgo de que éstos se corrompan.

En ese sentido, desarrollar y contar con instrumentos adecuados para medir los niveles de corrupción o de transparencia, contribuyen a fortalecer los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, así como a evaluar las políticas públicas para combatir la corrupción. Por tal motivo, los índices de corrupción ejercen una importante influencia en el desarrollo político, económico y social de un determinado país.

Ahora bien, medir tiene varias ventajas, una de ellas es que se facilita la comprensión del fenómeno analizado, permite realizar comparaciones, aunado a que genera la posibilidad de que los gobiernos lleven a cabo reformas o presenten iniciativas de ley basados en sus resultados sobre varios temas, tales como la integridad pública y economía. Sin una medición, los esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas se quedaría únicamente en el discurso.

En cuanto al desarrollo de indicadores, considerar variables contrarias al abuso del poder, tales como capacidad de respuesta, disciplina presupuestal, ética y responsabilidad permiten evidenciar el aumento o reducción de los nivles de corrupción.

Sin embargo, medir la corrupción representa una tarea sumamente compleja ya que la conceptualización de este término varia, así como el hecho de que el límite entre el comportamiento lícito e ilícito no siempre está claramente definido ni es igual para todos los ciudadanos, aunque debiera, dificultando la precisión en su medición.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial son las mediciones más destacadas a nivel interna- cional y las que más influencia ejercen a nivel nacional para que los gobiernos promuevan reformas anticorrupción. No obstante, poseen serias limitaciones metodológicas. Por un lado, las percepciones sobre las que se basan las cifras podrían reflejar una gran variedad de aspectos: impresiones formadas con el paso de los años, más que el estado de la corrupción en un momento específico; el nivel de apertura con que se habla del tema, más que la gravedad del problema en una sociedad; las preferencias y desafectos de los entrevistados con respecto de un país, entre otros (Johnston, 2005).

El INEGI, desde 2011 realiza bienalmente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuyo objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los dife- rentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia para aportar elementos para la toma de decisiones de política pública. Sin embargo, únicamente se limita a ofrecer información sobre la percepción y experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar algún trámite ante servidores públicos (INEGI, 2018a).

En términos generales, el estudio de la corrupción se basa en apreciaciones subjetivas debido a la dificultad para obtener datos empíricos confiables, por lo que el mayor desafío es contar con información oportuna, confiable, accesible y transparente sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas para medir adecuadamente este fenómeno social (Hernaíz et al., 2014).

Asimismo, se debe considerar el hecho de que los instrumentos homogéneos diseñados para medir corrupción pueden tener limitaciones relacionadas con su adaptabilidad a cada uno de los países que sean objeto de estudio.

Para concluir, podemos decir que en la mayoría de los países existe cada vez mayor interés por conocer los efectos reales de las prácticas corruptas y la ausencia de transparencia en la vida política y económica de los países, y México no puede ser la excepción. Por ello, la medición de estos fenómenos, aunque tiene sus bemoles, debe ser un eje central y prinicipal preocupación del goberno federal y estatales. Me queda claro que sin medición, no puede haber mejora alguna y, por ende, los esfuerzos de combate a la corrupción y rendición de cuentas corren el riesgo de quedar en letra muerta.

“La corrupción es quizás el crimen menos reportado que existe.”


Bibliografía

Hernaíz, C.; M. Phélan y J. Camacho (2004).

INEGI (2018). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. Disponible en: https://goo.gl/cfF87g +

Johnston, M. (2005). Es posible medir la corrupción, ¿pero podemos medir la reforma?. Revista Mexicana de Sociología, vol.67 no.2, México. Disponible en: https://goo.gl/1BspKz