La mal llamada reforma judicial, aprobada desde la falsa supermayoría, la violación al proceso legislativo, la sumisión de congresos locales, tiene a un gran perdedor, y no se trata de los trabajadores del Poder Judicial, no son los partidos de oposición, es la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Prado.
Estamos ante una reforma que viene a agudizar la crisis constitucional, la crisis de ingobernabilidad y de polarización que ya enfrentamos. El gobierno saliente, en su megalomanía, en su último capricho, le regala un país en llamas a su sucesora. Claudia Sheinbaum, que debiera llegar a la presidencia con una legítima aprobación ciudadana, en una elección democrática, tiene que empezar a reconstruir sobre los escombros, con la comunidad internacional en contra, con la pérdida de inversiones, con la inestabilidad económica, con la incertidumbre, con un país en donde el estado de derecho parece esfumarse.
Primero, es fundamental abordar la crisis constitucional que se avecina. La reforma judicial ha traído consigo una reconfiguración del Poder Judicial que, en lugar de fortalecer el sistema, ha generado incertidumbre y debilitado la confianza en las instituciones. La creación de un nuevo esquema de selección de jueces y magistrados, así como la modificación de los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes, ha dejado a muchos cuestionando la legitimidad de la reforma. Vendrá una ardua batalla legal contra la reforma que, lejos de resolver problemas, los exacerbarán. La presidenta electa tendrá que afrontar el reto de restaurar la estabilidad constitucional, restaurando la confianza en un sistema que ahora se percibe como frágil y politizado.
Todo esto mientras debe preparar una ridícula e inviable elección de jueces donde se le pretende entregar al ciudadano 25 boletas, con 4 mil nombres, en donde tendrá que elegir a 600, tomando en cuenta los criterios de paridad de género. Imposible efectuar un voto libre, informado y consciente bajo estas condiciones, este mecanismo es más cercano a la tómbola, que tanto le gusta al régimen, que a la democracia.
En segundo lugar, la crisis de ingobernabilidad se perfila como una de las pruebas más arduas para el nuevo gobierno. La reforma judicial no sólo ha alterado la estructura del poder, sino que también ha intensificado las divisiones dentro del aparato gubernamental y de la administración pública.
No son pocos los atisbos de inquietudes que aparecen en las entidades federativas para repensar el pacto federal, en donde se acusa la invasión de competencias estatales. Una federación enfrentada a los estados, enfrentada al Poder Judicial (o lo que quede de él), una federación rompiendo con los acuerdos internacionales, esas son las aguas que deberá navegar la presidenta Sheinbaum.
¿Cómo podría ahorrarse la presidenta electa estos problemas? La respuesta es sencilla: rompiendo el pacto mantenido con el gobierno saliente, dando un golpe de autoridad para extinguir las llamas que pretenden heredarle. Presidenta, ¿por qué cargar con los escombros de un país? Presidenta, rompa el pacto, que no muera con usted la República, demuestre que le importa el destino de México y no gobernar sobre cenizas. Rompa el pacto, su gobierno, el futuro de nuestro país y de cada estado depende de ello.
Maestría en Derecho, Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano