El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, con un monto histórico de 9.3 billones de pesos, refleja avances en programas sociales, pero también evidencia graves desequilibrios en el gasto público. Aunque estos programas son necesarios para atender a los más vulnerables, priorizarlos sobre áreas como salud, seguridad y educación genera riesgos para el desarrollo integral del país.
El presupuesto presenta un déficit del 3.9% del PIB, el más alto en años recientes, financiado principalmente con deuda pública. El saldo de deuda proyectado es del 51.4% del PIB, un aumento significativo respecto a años previos. En 2025, el pago de intereses alcanzará 1.4 billones de pesos, equivalente al 14.9% del presupuesto total, superando la inversión en infraestructura, que apenas llega al 2.8% del PIB. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), este enfoque limita la capacidad de México para detonar crecimiento económico sostenible. El analista y académico Leo Zuckermann advierte que las proyecciones de ingresos son demasiado optimistas y cuestiona cómo se reducirá el déficit sin agravar la deuda.
El gasto social, que representa más del 60% del presupuesto, incluye programas como la Pensión para Adultos Mayores (483 mil millones de pesos) y las Becas Benito Juárez (132 mil millones). Sin embargo, mientras estos programas crecen, otros sectores sufren. El sector salud enfrentará un recorte del 34%, equivalente a 34,420 millones de pesos menos que en 2024, lo que afectará la atención médica y la infraestructura hospitalaria. La seguridad, en un contexto de creciente violencia, verá un recorte del 36%, limitando la capacidad de respuesta ante problemas urgentes.
A nivel estatal, la inequidad en la distribución de recursos es evidente. Chihuahua, que aporta significativamente a la recaudación nacional, recibe apenas 35 centavos por cada peso que genera, mientras estados como Chiapas obtienen hasta tres pesos por cada peso aportado. Este modelo perpetúa un federalismo fiscal desequilibrado, castigando a los estados más productivos y limitando su desarrollo.
El IMCO también señala que proyectos como el Tren Maya y el Tren México-Querétaro, con asignaciones de 40 mil millones y 30 mil millones de pesos, absorben gran parte de los recursos de infraestructura, mientras que áreas como agua, salud y seguridad quedan relegadas. Esto genera dudas sobre el impacto social de estas obras frente a las necesidades urgentes del país.
En conclusión, el PEF 2025 prioriza necesidades sociales inmediatas, pero descuida sectores estratégicos. Los compromisos de deuda y el déficit proyectado limitan la inversión productiva y comprometen la capacidad del Estado para responder a problemas clave. Como señala el IMCO, es urgente replantear el presupuesto para equilibrar las demandas sociales con el fortalecimiento de áreas esenciales para el desarrollo de México.
Lic. en Derecho. Diputado local del PAN por el distrito XVIII y coordinador del Grupo Parlamentario
