Hace apenas unos días, aprovechaba este mismo espacio para compartirle una propuesta que busca disminuir casi a la mitad el porcentaje requerido para iniciar con la revocación de mandato de quien ocupe el Ejecutivo estatal, reduciendo además la cifra requerida para iniciar este ejercicio aplicable a otros cargos públicos, en aras de incentivar la participación ciudadana a través de este ejercicio en cumplimiento al principio de progresividad y la garantía del derecho humano
Hay que reconocer que, dicha propuesta, surge además de, por el constante y manifiesto interés por la promoción de la participación ciudadana, por la incredulidad que generó la propuesta presentada por los diputados panistas Alfredo Chávez y Saúl Mireles, que busca prácticamente, blindar a la gobernadora de una temida solicitud de revocación de su mandato ante el evidente descontento de la población chihuahuense.
Actualmente, el artículo 54 de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, contempla que, para solicitar la revocación de mandato de quien ocupe la titularidad del poder Ejecutivo del Estado, se requiere al menos el cinco por ciento de la ciudadanía registrada en la lista nominal del Estado; los panistas en su propuesta dicen que se armonizará con la constitucion federal, lo cual resulta además de tramposo, falso, dado que, tanto nuestra carta magna como la Ley Federal de Revocación de Mandato, contemplan como porcentaje requerido para iniciar dicho ejercicio, el tres por ciento; la iniciativa en comento pretende aumentar esta cifra al diez por ciento, por lo que, lejos de armonizarla con las cifras a nivel federal, aumenta el porcentaje requerido para iniciar la revocación al doble, contemplando además el aumento al porcentaje para hacer vinculante la revocación, lo que a todas luces resulta desproporcional y regresivo.
Quizá no hay mucho que esperar del prian, ya que en esta legislatura han hecho lo impensable jactándose de una mayoría aplastante, aunque lo mínimo que esperábamos, era que guardaran las formas con la ciudadanía… sin embargo así tan regresivo como su propuesta, fue el proceso que se dio en el somero análisis de ambas propuestas, ya que en la reunión de comisión que analizaría dichas iniciativas, vimos cómo les fue negada la entrada a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana así como a la ciudadanía en general que acudió preocupada a manifestar su desacuerdo a la reforma prianista.
Empezando con prácticas absurdas como un cambio de sala a una menos accesible al público interesado, e ignorando toda consideración y petición tanto de la propia ciudadanía como de sus pares legisladores, representantes de PAN y PRI negaron en más de una ocasión la entrada a un recinto público, de quienes se opusieran a la bien llamada “ley blindaje”.
Tanto en sus argumentos en defensa de su propuesta, como ante las reiteradas peticiones de legisladores de morena que llamaban al diálogo y la apertura, las razones dadas por los prianistas eran variadas, como quien utiliza cualquier pretexto para justificar algo que sabe es injustificable, irracional. De manera tramposa evadieron además someter la reforma a una consulta ciudadana a la que están obligados por la propia Ley de Participación Ciudadana.
Así, con todo el asombro e indignación de quienes participamos de esa lamentable reunión de comisión, todo fue avanzando para finalmente apresurar a aprobar más trabas para la participación, dejando fuera cualquier comentario, cualquier consideración, todo en contra del espíritu de una ley que fue pensada para y por la gente. Por fortuna, la ley siempre es perfectible, y la “aplanadora” vive sus últimos días, lo cual nos deja más que un consuelo, la obligación de tener memoria de su actuar.
