Nuestro andamiaje legal a nivel federal está compuesto por trescientas trece leyes, que integran códigos, reglamentos, ordenanzas y por supuesto nuestra Constitución Política, todas, buscan en general regular el comportamiento de los individuos, proteger a las personas y reforzar los valores sociales.
Sobre este punto, existen diversas leyes que están muy enfocadas a proteger a las personas, tal es el caso, de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres.
Para el reforzamiento de valores, por su parte, contamos con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta ley, que fue aprobada y publicada en el año 2016, tiene diversos objetivos, entre los que destacan, establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos.
Sobre este último punto, referente a la promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, este año, FUNDAR, una organización de la sociedad civil plural e independiente que se rige por los principios de horizontalidad y transparencia, emitió un interesante estudio denominado “Recursos para el control y la disminución de la corrupción” como parte de sus publicaciones de justicia fiscal que integra, entre otros temas, qué acciones están realizando las instituciones públicas para reforzar la cultura de integridad.
Detalla este estudio, que existen algunos retos por parte del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de designación de recursos, que involucra a la sociedad y el sector privado.
Específica que el 53% del presupuesto esta enfocado al combatir la arbitrariedad y el abuso del poder; el 26% a combatir la corrupción y la impunidad; el 13% a involucrar a la sociedad y el sector público y el 8% a promover la mejora de la gestión y puntos de contacto gobierno – sociedad.
Podemos observar, que sólo el 13% de presupuesto está destinado para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de redes de colaboración social para el control de la corrupción, articular las cámaras empresariales y organismos internacionales para el fomento y adopción de programas anticorrupción, así como diseñar campañas de sensibilización de sus efectos nocivos.
De acuerdo con los informes de gobierno anuales, la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción es fundamental para asegurar que los recursos y la gestión pública estén dirigidos a servir los intereses generales de la población, a garantizar su bienestar y al cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Si bien, este año, el presupuesto para campañas de comunicación sobre la corrupción es de 1.4 millones de pesos, en años pasados fue cero. Tenemos también que el presupuesto para Fortalecimiento del papel de los Comités de Participación Ciudadana es nulo para este año.
Llama la atención, que una prioridad en materia de corrupción no tenga recursos asignados a este rubro cuando es este el espacio idóneo para fortalecer las acciones ciudadanas y con ello generar un círculo virtuoso dónde la rendición de cuentas sea un ejercicio cotidiano.