Por César M. Fernandez
La corrupción en el municipio de Nuevo Casas Grandes ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbada por la impunidad y las relaciones familiares entre sus funcionarias. En un giro esperado las hermanastras Edith Escárcega y Cinthya Ceballos han dejado una profunda huella de irregularidades administrativas que han afectado gravemente el funcionamiento del Ayuntamiento.
Edith Escárcega, quien actualmente ocupa el cargo de alcaldesa, fue sancionada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debido a una falta administrativa grave relacionada con su gestión como Oficial Mayor en el gobierno de Cinthya Ceballos ex alcaldesa que hoy en día sigue enfrentando un proceso por corrupcion privada de su libertad. Este episodio deja en evidencia la falta de ética y transparencia, Escárcega contrató a su hermana para prestar servicios de asesoría jurídica al Ayuntamiento bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. Esta acción, además de ser un claro conflicto de interés y absoluto nepotismo revela el entrelazamiento de intereses familiares que ha permeado en la administración pública local dando una percepción a los ciudadanos que las antiguas prácticas de corruption siguen vigentes a pesar que en capaña Edith Escarcega reafirmó no tener vínculos con su hermanastra y prometió desaparecer la corrupcion.
La sentencia del TEJA, que ordena una suspensión de 60 días, parece ser solo un pequeño paso hacia la rendición de cuentas en un sistema que ha operado con un manto de opacidad. A pesar de que el Tribunal encontró evidencias suficientes para corroborar la falta, la pregunta que persiste es: ¿qué consecuencias reales tendrá esta sanción? La administración de Nuevo Casas Grandes se encuentra en una encrucijada, marcada por la falta de acciones decisivas frente a la corrupción documentada.
Desafortunadamente, la situación se complica aún más con la figura de Silvia Ivón H. P., ex secretaria del Ayuntamiento, quien se encuentra prófuga con una ficha roja. Su continua participación en los movimientos de la nueva administración, a pesar de su situación legal, refleja un entorno donde la corrupción parece no tener fin y los vínculos del pasado siguen influyendo en las decisiones del presente.
La corrupción en Nuevo Casas Grandes no es un problema aislado; es un síntoma de un sistema que ha permitido el abuso de poder y la falta de responsabilidad en muchos municipios a lo largo de todo el país. Mientras las hermanastras Escárcega y Ceballos continúan tejiendo una red de complicidades, el municipio queda a merced de prácticas corruptas que socavan la confianza ciudadana y obstaculizan el desarrollo de una gestión pública honesta y transparente.
La resolución fue emitida por la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, bajo la presidencia de la magistrada Priscila Soto Jiménez. En el expediente número 082/2023-3-JRA, el Tribunal determinó que la sanción adecuada sería la suspensión del cargo público por un período de 60 días.
La sentencia se dictó el 10 de septiembre; sin embargo, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes no ha presentado una posición oficial al respecto, lo cual es esencial para la ejecución de la sanción. Aún está pendiente su cumplimiento efectivo, ya que se espera que el Ayuntamiento actúe de acuerdo con la resolución emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Es imperativo que los ciudadanos de Nuevo Casas Grandes exijan una rendición de cuentas real, no solo a través de sanciones simbólicas, sino con acciones concretas que eliminen la corrupción del panorama político. El futuro del municipio depende de la voluntad de sus líderes de romper con el círculo vicioso de la impunidad y construir un gobierno que realmente sirva a la comunidad. Desde el cuarto estado estaremos presionando como lo hemos hecho en el pasado para que se se haga valer el peso de la ley incluso a los personajes que ocupan los puestos jerarquícos más altos en la política mexicana.
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