Muy pocos países del mundo eligen a juezas y jueces por votación popular con jurisdicción constitucional. Los únicos países que lo hacen son Bolivia y Estados Unidos, pero al mismo tiempo que son la justificación de la iniciativa, son la experiencia comparada de los problemas asociados a la selección de magistrados basada en el voto popular. Por parte de Bolivia, tras su reforma constitucional de 2009, se convirtió en el único país latinoamericano en implementar la elección de jueces por voto popular. Tras las elecciones del 2011 y 2017, hubo algunos problemas:
La preselección de candidatos estuvo influenciado por consideraciones políticas más que por méritos técnicos, según el reporte de “Una Amenaza a la Independencia Judicial”, emitido por el Colegio de Abogados, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano. Esto ha generado descontento y dudas sobre la legitimidad del proceso. Además, los votos nulos y en blanco que son mayoría, reflejó la desconfianza y desinterés de la ciudadanía en el sistema de elección.
Organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-BOLIVIA recomiendan que el proceso de elección se modifique. En el caso de Estados Unidos, de todos sus jueces, el 94% son estatales, llevan la mayoría de todos los casos y tienen algún tipo de elección por votación popular. Y bueno, los grupos de interés, los partidos políticos y los candidatos gastan cada vez más dinero en estas elecciones, elevando el efecto corrosivo del dinero, de acuerdo La American Bar Association (ABA).
Y no es para menos. Candidatos con medios financieros limitados carecen de acceso a contribuyentes con recursos financieros significativos. Los mismos contribuyentes con intereses potenciales pueden presionar a los jueces para que decidan en su favor. Y si hay reelección, la perspectiva de otro mandato crea un incentivo para que las y los jueces “hagan lo que es políticamente popular en lugar de lo que exige la ley”. Ya hemos escuchado algo parecido en uno de nuestros políticos más emblemáticos: 'Por encima de la ley está la autoridad moral'.
El Centro Brennan ha dicho que las presiones electorales “crean un marasmo de conflictos de intereses que amenazan la apariencia, y la realidad, de una toma de decisiones justa”. La pregunta no es ¿qué necesidad de crear una administración de justicia poco honesta?, sino ¿quién gana con tanta discrecionalidad y falta de reglas claras? Solo ganan los que tienen el poder, los que pueden comprar el poder y quienes están dispuestos a todo con tal de lograr ese poder, sin importar los medios legales o ilícitos que sean necesarios. Es casi como un pacto fáustico con el diablo.
Se vende el alma del que busca justicia, del pobre y la clase media. Son los únicos que pierden. Se institucionaliza el interés personal como factor corruptor, porque no existe ningún incentivo moral que supere el riesgo de combatir la injusticia por pura vocación. ¿Qué hará que un juez falle a favor de personas acusadas de delitos judiciales o que condenen a muerte sin justificación al acercarse las elecciones? Primero los pobres pagarán el precio.
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