Reformar el poder debe tener como centro de decisión a las personas, sus derechos, su protección y su plena libertad para desenvolverse en el entorno social del cual forma parte. El gobierno es uno solo, se divide para su ejercicio en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno creado con un propósito fundamental, que el poder no se concentrara en un grupo o persona alguna. Estamos en un momento histórico, sin duda alguna, mismo que debe plantearnos una reflexión profunda sobre la correcta decisión que debemos tomar en relación a la reforma al Poder Judicial; una posición que se mueve como un péndulo entre la justicia y el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. El debate central de la reforma está en la elección de ministros, magistrados, jueces federales y la estructura de los poderes judiciales locales; sólo hablando del Poder Judicial federal se estarían eligiendo cerca de 1,600 cargos; es decir, la elección extraordinaria que plantea la reforma versaría sobre ese universo de espacios a seleccionar, la más grande en la historia.
Siendo el eje central la elección de los integrantes del Poder Judicial, partimos de un falso debate, porque no se trata de una elección como tal, se trata de una selección de personas previamente elegidas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ya que son ellos quienes proponen, tratándose de los ministros a 30 perfiles, mismos que valora el Senado su idoneidad; por lo que, una persona que no sea propuesta por estos poderes, no es posible su participación en la selección que hace el ciudadano; de tal suerte que los participantes serán electos por Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en el Poder Ejecutivo federal; lo cual lleva el primer sesgo en la posibilidad de participar en la “elección”. Viéndolo así, entonces, se trata de una fórmula que pretende el control del poder, no la mejora de la justicia, ya que no se plantea en ninguna parte de la propuesta un mecanismo que promueva modificar o adicionar leyes secundarias que definan los tiempos de duración de un proceso, ya sea civil, penal, familiar, mercantil o laboral; mucho menos aquellos procedimientos especializados en materia administrativa. Este detalle, aunque pareciera menor o escrito desde la visión de la oposición, me parece que es importante porque el acceso a la justicia no es lo que mueve la reforma, es el control del poder judicial y la sumisión plena de este a la actividad desarrollada por la clase política, restándole independencia y autonomía de decisiones.
La OCDE señala como escenario ideal para brindar mejores condiciones de justicia en un país que por cada 100 mil habitantes debemos tener 22 jueces; Costa Rica tiene 25 jueces por cada 100 mil habitantes y en México tenemos 5.5 jueces por cada 100 mil habitantes; entonces, el retraso en la justicia no está en la forma de elección, sino en la incapacidad que se ha tenido para invertir en la mejora del sistema de justicia. Los riesgos de la reforma van desde la centralización del poder, eliminar la independencia judicial, el despido masivo de servidores públicos, crisis de gobernabilidad, el cuidado de la constitucionalidad de los actos del poder público.
La elección no está definida en que formato será, en casillas por sección electoral o casillas instaladas mediante el agrupamiento de secciones electorales; o bien, por circuitos en lo que toca a lo federal y bajo qué premisa los asignan; tratándose de lo local no se dice mucho, solo la obligación de legislar en la materia; esto también es un problema, no menor. El costo de la elección de 2024 fue de 9 mil millones de pesos, el costo de la revocación de mandato fue de 1,600 millones de pesos, hacia dónde se moverá la decisión sobre el formato de la elección, es un tema que no debemos perder de vista.
Maestro en Administración Pública. Presidente del CDE del PRI.
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