Recientemente, el Colegio de Abogados, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano emitieron el informe “Una Amenaza a la Independencia Judicial” que analiza la iniciativa de reformas constitucionales para elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará ante el Congreso de la Unión el próximo mes de septiembre a fin de empoderar su ideología y aliados.
El análisis concluye que las propuestas son una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales, socavan la democracia y ponen en peligro los derechos de las minorías al afectar el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos. Imaginen que ministros y ministras para la SCJN, jueces y juezas federales, y magistrados y magistradas federales tomen decisiones judiciales orientadas a obtener votos para la satisfacción de ciertos grupos de interés o políticos, en lugar de juicios imparciales basados en los hechos y el derecho.
Parece haberse olvidado del principio del jurista don Armandino Pruneda: «el abogado, al amar y defender la libertad, no debe aceptar una imposición de ideologías políticas o de “ismos” de cualquier especie» y sus consecuencias: «la venta de las decisiones judiciales es peligrosa para la seguridad del orden social». La experiencia comparada de Bolivia y Estados Unidos apuntan a que se incrementaría la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones judiciales, incluyendo potenciales contribuciones a las campañas por parte del crimen organizado.
Otra propuesta es la modificación de ciertos plazos de mandato judicial para alinearlos con el período presidencial de seis años y exigiendo que los magistrados culminen su mandato con la entrada de nuevos magistrados electos, comprometiendo, con ello, la estabilidad en sus cargos, o lo que es lo mismo, facilitando destituciones arbitrarias o sin justificación adecuada con un Tribunal de Disciplina Judicial elegido mediante votación popular. ¿Qué juez sería imparcial a riesgo de la pérdida de su empleo? Recuerda a los juicios del pueblo, sesiones de lucha, actos de repudio, etc.
¡Caray!, como si fuera una copia tenue del terrorismo leninista, aderezado con Terror Rojo y una pizca de Cheká, cuyas decisiones serían finales y sin posibilidad de apelación, antes, como ahora. Y si, finalmente, el respeto jurídico por la propiedad privada es la estimación de la escala en que un individuo es libre, ¿qué justicia imparcial y efectiva se tendrá del magistrado cuyo sueldo está ligado a la voluntad y al sueldo del Poder Ejecutivo? Esto, sin considerar que un presidente puede tener otras fuentes de ingresos, poco claras, en fideicomisos y asociaciones como Honestidad Valiente.
Con esta reforma la elección del juez dependerá de quién aportó dinero para su postulación y del que tenga más poder. La crítica a la reforma no supone la defensa del sistema actual, pero tampoco es un concurso de popularidad, sino que, más bien, se elija a los jueces con base al mérito, las capacidades, el conocimiento y la especialización.