Lic. Gisela A. Rodríguez Burciaga.
En un Estado de derecho, la transparencia, el acceso a la información pública y la libre participación ciudadana, son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia. Sin embargo, en nuestro país la actual reforma judicial por sus consecuencias ha despertado una gran preocupación e incertidumbre entre sus habitantes, por lo que representa tal acción, sobre todo por el debilitamiento e inclusive la desaparición de estos principios y derechos de las personas.
Si bien es cierto, las reformas judiciales, tienen como objetivo principal mejorar la eficiencia en un sistema de justicia, pero cabe mencionar que estas pueden tener efectos contrarios y negativos si no son implementados de una manera adecuada y correcta. Tanto así que se puede llegar a perjudicar la capacidad y el interés de los ciudadanos, limitando su participación en un sistema democrático y su compromiso para colaborar en el desarrollo del País.
La transparencia por su parte implica que las decisiones de los tribunales, los procedimientos judiciales y el funcionamiento de la administración de justicia estén accesibles y comprensibles para todo el público.
Así mismo toda la información que es generada por entes públicos, autoridades de gobierno y servidores públicos, deberá estar disponible en medios tanto físicos y digitales, según sea el caso, contando con una fácil accesibilidad para que, en caso de que esta requiera ser solicitada por un ciudadano, sea obtenida de manera clara, oportuna y veraz, siendo esto un elemento fundamental para la rendición de cuentas ya que, de lo contrario se genera la percepción de opacidad y posesión de información así como de datos de carácter público, minando la confianza en la imparcialidad y credibilidad de las instituciones gubernamentales, así como de los sistemas de justicia en nuestro país, lo que se relaciona considerablemente con hechos de corrupción y abusos de poder.
Así pues queda claro que la falta de transparencia y accesibilidad a la información pública, fomenta la incertidumbre y el descontento social, debilitando su legitimidad.
El acceso nulo o limitado a información relevante, como los detalles de casos importantes, también perjudica el trabajo de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, quienes juegan un papel crucial para que, a través de ellos la población se encuentre debidamente informada y a su vez esta colabore en la denuncia de irregularidades y en el cuidado de las acciones realizadas por el gobierno y uso de sus recursos, por ello es importante mencionar que la participación ciudadana implica la posibilidad de influir en las decisiones que afectan a la población en general y el desarrollo de nuestro país.
Las reformas judiciales, si bien pueden ser necesarias para mejorar la eficiencia del sistema de justicia, corren el riesgo de socavar la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana si se implementan incorrecta y deliberadamente. Por lo que, cualquier reforma que debilite estos principios no solo atenta contra la justicia, sino que compromete el ejercicio pleno de la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por tanto, es crucial que las reformas judiciales sean objeto de un amplio debate público y estén sujetas a los más altos estándares de transparencia y control de un país democrático.
