El autoritarismo y el miedo galopan en Chihuahua. Los legisladores panistas apuraron el paso para reformar la Ley de Participación Ciudadana del estado que endureció los requisitos para la revocación de mandato, es decir, le tuvieron miedo a que la gente decidiera quitar a la gobernadora. Qué conveniente, se les olvidó la democracia, y lo más importante: que el pueblo da y el pueblo quita. La regresión persiste en nuestro estado.
La participación ciudadana en México ha tenido una evolución constante y firme. Desde el sismo de 1985 en la Ciudad de México, pasando por el de 2017, la ciudadanía demostró que no necesita del gobierno y gobernantes para moverse, que puede hacerlo y que no necesita nada más que voluntad para ello.
La democracia representativa empezó a ser insuficiente, y por eso se dio paso no sólo a mecanismos como la revocación de mandato, sino el plebiscito (forma de consulta popular directa sobre temas políticos clave, generalmente planteados como una alternativa entre dos posibilidades); referéndum (mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes); iniciativa ciudadana (es la posibilidad por la que las personas pueden presentar iniciativas de ley sin ser representantes populares en sus respectivos congresos), y finalmente, la revocación de mandato.
Este último, la revocación de mandato, es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.
Qué hicieron los diputados panistas y lo que queda de los priistas, elevaron el número de firmas para solicitar la revocación de mandato, pasando de un 5 por ciento a un 10 por ciento de la lista nominal, lo que significa tener 300 mil firmas. Además, añade otro requisito, que las firmas tienen que recabarse en al menos 35 municipios del estado de Chihuahua, cuando la actual legislación no solicita dicho requisito.
Además, si es que se logra todo lo anterior, para que la revocación de mandato sea vinculante y efectivamente si la gente lo decidiera y quitara de su cargo al funcionario en turno, sería necesario que el 40 por ciento de la lista nominal vote a favor, en lugar del 35 por ciento que está contemplado anteriormente.
Lo anterior, es una regresión más en Chihuahua. Es quitarle a la población mecanismos de participación que no deberían dificultarse, sino facilitar estos ejercicios. Hablan de democracia y lo que hacen es en contra de ella.
Pero justamente es la ciudadanía la que en las urnas (porque el proceso de elección no lo pueden quitar ni reformar a su antojo) recordará este retroceso y muy seguramente Chihuahua, empezando por ahí, dejará de ser ese estado que en lugar de dar pasos hacia adelante, los da hacia atrás.
