Esta semana fuimos testigos de uno de los procesos más desaseados, parciales y de burda subordinación no sólo de una Cámara del legislativo —en este caso el Senado— sino del propio Ejecutivo a los intereses fácticos.
Rosario Piedra Ibarra, la candidata a reelección y electa finalmente, fue la candidata peor evaluada en medio de un polémico proceso de evaluación y parlamento abierto flagrante y públicamente violado. Su inclusión en la terna de votación al pleno fue textualmente admitida “por tratarse de razones políticas”. Una burla a las organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, academia e integrantes del Senado de la República. Un burdo dedazo.
La reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un premio a la ineficacia, a la trampa (como recurrir a firmas falsas), una violación a los procedimientos, al libre pensamiento pero sobre todo una omisión dolorosa para las personas que sufren violaciones a los derechos humanos. Representa un retroceso grave para la autonomía y el propósito de una institución que debería ser baluarte de justicia y protección de las víctimas en México. Piedra ha centrado sus esfuerzos en una narrativa que busca complacer al oficialismo, diluyendo el impacto de la CNDH como defensor independiente.
La gestión de Piedra ha estado plagada de cuestionamientos desde su inicio. Desde su elección en 2019, la CNDH dejó de ser un contrapeso crítico al poder, pues estamos hablando de una persona que además ocupaba un cargo directivo partidista en contravención a la objetividad e imparcialidad, por lo tanto, su gestión se caracterizó por la nula actuación frente a un gobierno que se ha mostrado intolerante a la crítica y dispuesto a militarizar la vida pública.
Lo que es peor, la propia CNDH al frente de Piedra Ibarra se distinguió por su nulidad y omisión frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, incluso defensora del mando militar en la reforma a la Guardia Nacional —desnaturalizando un cuerpo que debería ser civil— y que desprecio la defensa a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por nombrar los casos más emblemáticos.
Quienes aún defendemos la no intrusión del poder militar en el orden democrático, advertimos con temor que fueron las Fuerzas Armadas las principales impulsoras de Rosario Piedra Ibarra, quien durante su primer período de gestión protegió las malas prácticas y fue nula frente a las violaciones a los Derechos Humanos. Lo triste y paradójico de todo esto, es la traición que representa a la historia personal de la hoy reelecta y de su madre como defensoras de los Derechos Humanos frente a la desaparición forzada. Pasó de ser crítica y defensora frente los abusos de la milicia a alcahuetearlos. Por ello más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil rechazaron su candidatura.
Su incapacidad para responder a las crisis humanitarias del país —como las desapariciones, los feminicidios y la violencia sistemática— deja en evidencia una falta de compromiso con las víctimas. No podemos pasar por alto el simbolismo que esta reelección encierra: una validación del autoritarismo. La CNDH debería ser un espacio de resistencia y defensa de las personas frente al poder, no un engranaje del gobierno.
Es momento de que México recupere a la CNDH como lo que debería ser: una institución valiente, autónoma y comprometida con las víctimas, no con el poder. Reelegirla no sólo es un error; es una traición al espíritu de los derechos humanos.
