La discusión pública está llena de lugares comunes. Por ejemplo, Morena lleva meses diciendo que esta 66 Legislatura, que apenas está comenzando, es histórica. Sin embargo, esos calificativos se usan para definir a una persona, una institución o una época no a partir de lo que se perciba al momento, sino cuando hay un legado sobre cuyos resultados se puede juzgar y en su caso, aplaudir o condenar. En su prisa por pasar a la historia a como dé lugar, complaciendo a un caudillo y sus caprichos, ignora que estamos a punto de dar un salto, sí, pero un salto al vacío. Nadie niega la necesidad de reformar al Poder Judicial de la Federación. Reconocemos la necesidad de fortalecer a este poder, de tal forma que su actuación no sólo genere mayor certeza, sino que se garantice la autonomía de sus decisiones y, sobre todo, sea más cercano a la gente, brindando justicia pronta y expedita. Si hiciésemos las cosas bajo estos principios, le daríamos mayor legitimidad, especialmente cuando sus criterios y resoluciones contrasten con los de los otros dos poderes.
Ese es el compromiso irrenunciable del Partido Revolucionario Institucional: centrar la discusión en el interés nacional y no en el de una persona que, por si fuera poco, no asumirá las consecuencias de lo que se aprobaría. Hablemos de la elección popular, por ejemplo. La idea no sonaría mal, de no ser porque, al momento de revisar las letras chiquitas del dictamen, vemos que las boletas generan confusión, además de ser arcaicas, disfuncionales y desmotivarían la participación ciudadana. Según el politólogo Dieter Nohlen, una boleta demasiado especializada quizás lleve a una representación más exacta, pero a costa de haber errores en el llenado que podrían hasta cuestionar la legitimidad del resultado.
¿Morena estaría negando su derecho a decidir la composición de la corte con esta reforma? Dejemos a un lado el que no haya certeza sobre la no intervención del gobierno: si el llenado de las boletas lleva al desastre, como todo indica, se lavarían las manos del resultado diciendo que, a final de cuentas, la ciudadanía decidió. Así de falaces e irresponsables son, detrás de su discurso engañoso. Dejo claro porque vote en contra de la minuta: Primera: tanto la narrativa del presidente como la del dictamen no corresponden al resultado que tendría la reforma. Segunda: la propuesta no es democrática, ni justa, ni prudente. Tercera: pone en riesgo al Estado mexicano, al no haber diagnóstico o prospectiva alguna. Cuarta: es inoperante, especialmente si se piensa aplicar para 2025. Quinta: lesiona el pacto federal, especialmente cuando busca replicar las reformas a nivel estatal. Sexta: no mejora la calidad de las resoluciones, e incluso puede afectarlas con la desaparición de la carrera judicial. Séptima: es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos. Octava: permite la intromisión de poderes fácticos.
ALEX DOMINGUEZ
