Sin muchas sorpresas, se presentaron las propuestas en materia económica dentro de los 100 puntos para la administración del segundo piso de la 4T. Estas propuestas se enmarcaron en un discurso de continuidad, donde se reafirmaron los conceptos clave de la 4T, fortaleciendo la idea de que "el pueblo es primero", que existe un mandato popular, que es el momento de todas las mujeres, y que se mantendrán la economía moral y el humanismo mexicano.
En el tema laboral y económico para las familias, se propuso que el salario mínimo alcance al menos 2.5 canastas básicas diarias; se garantizará la seguridad social para los repartidores de apps; la continuación y ampliación de los programas sociales que reparten dinero; la aprobación de la semana laboral de 40 horas; la recuperación de un sistema de pensiones justas; y la garantía de seguridad social para los jornaleros.
En cuanto a la infraestructura de transporte y comunicación, se propuso duplicar la capacidad de transporte de personas y carga ferroviaria; la construcción de nuevas rutas de trenes; modernizar 3,000 km de caminos rurales; implementar un programa agresivo de bacheo en carreteras; continuar con los proyectos estratégicos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico; fortalecer la capacidad portuaria y su conexión con el sistema ferroviario; lanzar un satélite propio; ampliar y remodelar aeropuertos; fortalecer Mexicana de Aviación; y ampliar el acceso a internet.
En el tema energético, se impulsará el uso de energías renovables; se consolidarán Pemex y CFE; se terminará el proyecto de la refinería de Dos Bocas; se limitará la producción de petróleo a 1.8 millones de barriles diarios; y se desarrollará un auto eléctrico económico.
En el plano del desarrollo económico e industrial, se propuso la creación de una Estrategia Nacional para relocalizar empresas e industrializar regiones; crear parques industriales en los polos del bienestar en el sur-sureste del país; desarrollar el Plan Campeche para promover la producción agrícola, lechera y de arroz; implementar el Plan de Desarrollo Integral Río Balsas y Pacífico Sur; ofrecer mayor apoyo a las PyMEs para integrarlas a la cadena de proveeduría y exportación; construir un millón de viviendas y crear un millón de empleos; integrarse a la cadena de producción de semiconductores; poner en marcha la producción de litio; crear una fábrica de software público; desarrollar equipos tecnológicos de bajo costo para diversas aplicaciones; crear el programa Cosechando Soberanía para la asistencia agroecológica y el financiamiento a productores rurales; y facilitar y garantizar la inversión privada y la relocalización de empresas.
En cuanto a las políticas económicas, se anunció el apoyo a la economía popular, garantizando que no habrá "gasolinazos" ni aumentos en las tarifas de electricidad, gas doméstico o en el precio de la canasta básica por encima de la inflación. Se fortalecerá el Banco del Bienestar como la banca social que promueva y facilite el ahorro, la recepción de remesas y la oferta de créditos a la palabra. Se buscará lograr la soberanía alimentaria; se respetará la autonomía del Banco de México; y se mantendrá la disciplina financiera y fiscal.
Las propuestas económicas son ambiciosas y generan preocupación en cuanto a la capacidad de implementación, que dependerá de los recursos disponibles y de una gestión burocrática eficiente. Por otro lado, el aumento de los apoyos económicos directos a otros sectores de la población reducirá la capacidad de maniobra del Gobierno Federal, sobre todo si dentro de las promesas está el mantener una disciplina financiera y fiscal.
