Los mercados internacionales favorecen su preferencia cuando existe estabilidad. Esto no significa necesariamente que las condiciones en un país sean ideales, sino que sean estables y se pueda medir si el beneficio es adecuado de acuerdo con el riesgo. Lo que sí no toleran los mercados es la inestabilidad e incertidumbre, donde se vuelve prácticamente imposible valorar las condiciones de mercado para afrontar riesgos.
La mayoría calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente también en el Senado ha generado un temor a cambios radicales en las reglas del juego, lo que evidentemente provoca inestabilidad e incertidumbre en los mercados. Los primeros embates legislativos, como la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, son muestra de ello.
La imparcialidad judicial es uno de los factores que pone nerviosos a los inversionistas. El estado de derecho es fundamental para poder valorar adecuadamente un proyecto de inversión. De nueva cuenta, las reglas no necesariamente tienen que ser favorables, pero si a pesar de reglas injustas un proyecto es adecuado, se podrá dar luz verde a su ejecución. Definitivamente, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, los conflictos con las empresas de energía solar extranjeras y la prohibición del establecimiento de la fábrica de cerveza en Mexicali han afectado la atracción de nuevos proyectos, sobre todo de fondos de inversión muy conservadores.
La desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también genera preocupación, debido a que se pierde un contrapeso del control regulatorio, reduciendo la competitividad y estableciendo un riesgo de que el piso no sea parejo en el mercado, dando oportunidad a la autoridad de alterar el mercado o permitir malas prácticas de empresas dominantes. También, el riesgo de quitar la autonomía del Banco de México podría traducirse en una toma de decisiones influenciada por el entorno político y en la reducción de las reservas para ser utilizadas en programas gubernamentales, incrementando el factor especulativo sobre el tipo de cambio.
Los cambios, en su conjunto, también generan incertidumbre en temas de derechos humanos, protección al medio ambiente, integridad, seguridad pública y cumplimiento de los acuerdos internacionales. Estos temas ponen nerviosos a los inversionistas que han suscrito el cumplimiento de las buenas prácticas en estos aspectos y no están dispuestos a invertir en lugares donde sus empresas no puedan cumplir con sus compromisos o poner en riesgo a sus colaboradores.
Como consecuencia de la inestabilidad e incertidumbre en las políticas públicas, las calificadoras de crédito como Moody's, Standard & Poor's y Fitch han reducido la calificación, lo que incrementa el costo de financiamiento para el país y reduce el apetito por invertir en México por parte de inversionistas extranjeros que observan estos indicadores como un reflejo de la confianza en el país.
Este entorno ha generado ya una fuga de capital y una reducción de la inversión extranjera en este año, en el que se esperaba una aceleración de la inversión extranjera derivada del efecto “nearshoring”. Esperamos que, una vez que la banda presidencial caiga sobre la presidenta electa, se lleven a cabo reformas de política pública con procesos de mayor reflexión.
