El capital depositado en el formato de criptomonedas ha crecido de manera extraordinaria en recientes fechas. En 2013 se estima que el mercado valía 1,600 millones de dólares. Ya para enero de 2020, el valor del mercado se encontraba en 195 mil millones de dólares. Un crecimiento de 122 tantos en un periodo de 7 años. Ya para mayo de este año, en el pico de su valorización, el mercado ha crecido 1,540 veces su tamaño en relación con 2013.
Tomando en cuenta datos del Banco Mundial de 2018, en donde estiman que el total de circulante en el mundo es de 106 billones de dólares, las criptomonedas tendrían ya un 2.26 % del capital mundial.
Los riesgos que representa la circulación de estas monedas son inminentes al resguardar la identidad del dueño. Con esta protección de identidad, las criptomonedas pueden utilizarse para llevar a cabo transacciones de bienes y servicios ilegales, o bien, para hacer transacciones al margen del sistema fiscal.
El éxito de las criptomonedas se ha basado mucho en que logró vasos conductores con el sistema financiero tradicional, en donde puede “bajar” recursos al mundo formal cuando así lo requiera manteniendo la flexibilidad de hacer muchas otras operaciones en el anonimato. Esto hoy en día no representa un quebranto importante a la recaudación fiscal, ya que sigue siendo pequeña la participación de estas monedas en las transacciones habituales. Conforme avance el número de establecimientos y negocios que reciban criptomonedas empezará a facilitarse la evasión fiscal y el lavado de dinero. Es por ello por lo que se empieza ya a hablar de la importancia de incrementar su regulación.
Existen empresas que hacen las veces de puente entre las criptomonedas y el sistema financiero formal. En el caso de México Bitso es una institución que cuenta con esa capacidad. Bitso logró para su plataforma la Licencia Distributed Ledger Technology Regulatory Framework para servicios de criptomonedas de la Comisión de Servicios de Gibraltar (GFSC) y se encuentra también regulada en México bajo los preceptos de la Ley Fintech, que es el instrumento jurídico por el cual se rigen las empresas emergentes que brinden servicios financieros mediante el uso de tecnologías.
Recientemente el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, quien es el principal emisor de normas mundiales para la regulación prudencial de los bancos, ha empezado a integrar una propuesta de regulación con base en el riesgo que representan las operaciones con criptomonedas en función del mercado, la liquidez, el crédito y los riesgos operativos que plantean a los bancos. Lo interesante de esta declaración por parte de la organización es el reconocer que la Banca mundial empieza a reconocer los riesgos que impone el manejo de estas monedas virtuales.
En Europa el día de ayer se le prohibió a la plataforma de criptomonedas Binance hacer transferencias bancarias SEPA (la versión europea del SPEI), esto debido a presiones regulatorias que está enfrentando la plataforma.
Podemos concluir que en la medida que las criptomonedas se consideren una amenaza al sistema formal, las acciones disuasivas empezarán a incrementar su intensidad. Éstas podrán tener un origen honesto derivado de los riesgos para facilitar actividades delictivas y evasión fiscal. Por otro lado, las acciones podrán venir de amenazas al dominio del mercado, en donde los bancos privados y centrales consideren que sus intereses están en peligro.