El presidente de la república comentó el jueves pasado en su conferencia mañanera, que estamos viviendo “tiempos de zopilotes”, esto es, de una “ave rapaz y carroñera” que se alimenta de la basura y todo lo que huela a putrefacción.
“Los que se dedicaban a robar se resisten a los cambios, es lo que pasaba con lo de los fidecomisos”, dijo el mandatario en relación al robo de medicamentos para tratar el cáncer y de un cargamento de 20 máquinas de diálisis.
Está en lo cierto. Como es de dominio público la supuesta “cancelación” de los oscuros fideicomisos, ha generado entre legisladores, organizaciones civiles, cámaras empresariales y partidos políticos, un gran “alboroto” en defensa de los beneficios que usurpaban a diestra y siniestra con los fideicomisos que el Estado les otorgaba, entre ellas “la mafia que controlaba las medicinas”, las cuales, cínicamente, difundieron que el “robo es un invento del propio gobierno”, para justificar su “incapacidad de dar tratamiento al cáncer de los niños y niñas”.
Los muy cínicos se hicieron los occisos cuando se localizaron 27 bolsas de plástico con medicamentos oncológicos tiradas en una calle de Azcapotzalco, etiquetados como “Propiedad del Sector Salud, prohibida su venta”. El presunto “invento del robo del propio gobierno” se les vino abajo
Esas aberrantes y criminales acciones dejan en claro que los fideicomisos en la producción y distribución de medicamentos de las anteriores administraciones, en su gran mayoría, no eran en beneficio de los ciudadanos, sino un jugoso negocio para los bancos, empresarios y funcionarios.
Para que tenga una idea de ello, el saldo de los 109 fideicomisos que la Cámara de Diputados pretende reorientar (no extinguir, como se ha propalado) para atender la crisis sanitaria y económica, asciende a 68 mil millones de pesos.
La lista agrupa a 65 fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 26 de los cuales son Centros de Investigación, 18 más están destinados a proyectos como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo Desastres Naturales (Fonden); Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y estímulos al cine nacional.
Como era de esperar, los opositores de AMLO han pegado el grito en el cielo, el que se someta a investigación esa lista de financiamientos, aun a sabiendas de que el presidente ha dejado en claro que “el gobierno no eliminará sus responsabilidades ni los apoyos”, pero sí el manejo del dinero peso por peso, en particular aquellos que se mantienen en la oscuridad, no rinden cuentas y abusan en su beneficio de los recursos que todos los mexicanos aportamos a esos fideicomisos públicos.
Pongo de ejemplo tres casos grotescos y aberrantes: Los magistrados de la Federación que son los funcionarios que tienen el sueldo más alto del Poder Judicial contaban con un “fideicomiso para reparar sus casas” (mansiones, diría yo) y otros beneficios más.
Un caso paradigmático de la corrupción imperante del erario en la anterior administración, es el fondo millonario que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirió al inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto a la ex candidata presidencial del PAN que contendió contra él, Josefina Vázquez Mota, a la que se le otorgó un fideicomiso de mil millones de pesos para supuestamente apoyar a los migrantes mexicanos, lo que nunca, hasta la fecha, ha quedado demostrado.
Otro tema relevante que se mantuvo oculto durante décadas y fue difundido por la Auditoría Superior de la Federación con el arribo de la 4T, es la transferencia de fondos del presupuesto público a grupos y empresas, entre ellas, a corporaciones como Monsanto, Ford, General Motors, IBM, Intel, Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, subsidios que se otorgaban con el falaz argumento de que se fomentaba la ciencia y la tecnología, según ellos, y Conacyt.
Obvio es que diversas organizaciones civiles fomentadas por estas corporaciones y los 10 mandatarios estatales de la recientemente creada Alianza Federalista de Gobernadores están sumamente molestos y enojados, a tal grado de han amenazado al presidente con acudir ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) con la finalidad de controvertir el ocaso de los jugosos fideicomisos de los que se han enriquecido con el dinero del pueblo.