México se encuentra en un momento histórico, donde los gobernantes actuales proponen cambios profundos en los sistemas político, económico y social, con repercusiones que impactarán a las futuras generaciones. En el ámbito empresarial sabemos que la evolución siempre es positiva para mantener la competitividad; sin embargo, quienes lideran estos cambios deben hacerlo con cuidado y un propósito claro. Estoy convencido de que el objetivo final es mejorar la calidad de vida, la prosperidad y el ingreso de las familias, construyendo una sociedad mejor, y quienes toman las decisiones sobre el futuro de México deben tenerlo muy presente.

La metodología de transformaciones ágiles, popular en las organizaciones, nos da lecciones sobre cómo administrar cambios disruptivos manteniendo claro el propósito final y la aportación de valor a los clientes. En estos métodos se implementan cambios rápidos, se validan hipótesis con prototipos y se desechan, ajustan o escalan según los resultados, generando una transformación constante.

Con esto en mente, los líderes deberían asumir que el objetivo es mejorar la prosperidad y la calidad de vida (aumentar el PIB per cápita y reducir la desigualdad), y proponer cambios continuos validando su impacto positivo; en lugar de lanzar muchos cambios simultáneos, difíciles de evaluar en su impacto y con el riesgo de generar caos.

Por otro lado, no podemos ignorar a los "clientes" y grupos de interés. Para mejorar la calidad de vida es innegable que el sector privado es fundamental, ya que crea más del 90% de los empleos. Solo las manufacturas representan el 17% del empleo y el 22% del PIB, sin contar su efecto multiplicador en comercio y servicios, un 30% adicional. En contraste, el gobierno representa el 25% del PIB. Esto demuestra que la inversión privada y el tejido empresarial son esenciales para aumentar el ingreso per cápita y reducir la desigualdad a través de empleos bien remunerados.

Volviendo a las transformaciones ágiles, al cambiar las reglas del juego, debemos evaluar su impacto en el sector privado y asegurarnos de que generen más y mejores empleos. El 46% del presupuesto federal proviene del ISR e IVA, fruto del dinamismo económico. Es imposible sostener programas sociales y bienes públicos sin las empresas e inversiones.

En CANACINTRA, sabemos que México necesita reformas para mejorar la justicia, combatir la corrupción, eliminar monopolios y lograr una economía más humana y solidaria que aumente el ingreso laboral. Proponemos mejoras graduales, con hipótesis claras sobre su impacto en la calidad de vida, pero sin ignorar a los generadores de empleo. La preocupación del sector económico nacional e internacional sobre la reforma al poder judicial es evidente y puede disminuir la inversión y la capacidad de crear más y mejores empleos.

Hagamos cambios, pero escuchemos a nuestros grupos de interés y ajustemos las propuestas para lograr tanto justicia como estado de derecho y confianza empresarial. Aunque es importante resaltar que escuchar a los clientes no siempre significa hacer todo lo que nos dicen, más bien significa ajustar nuestra propuesta de valor para lograr de forma común nuestros objetivos y validar que hay una relación ganar-ganar.

En resumen, para mejorar a nuestro país y, sobre todo, elevar la calidad de vida de las personas, debemos mantener un diálogo constante entre el sector público y el privado, manteniendo la empatía y el propósito final claro.