Las instituciones de nuestra entidad se encuentran inmersas en una turbulencia política en la que convergen múltiples corrientes de presión, de intereses de poder, económicos y políticos electorales que, aunque no llegan a paralizarlas, sí ralentizan la posibilidad de resarcir a corto plazo el enorme daño que la era duartista ocasionó a nuestra sociedad y su gobierno.
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, hizo un diagnóstico muy preciso sobre el significado y la definición del golpe de Estado que funcionarios políticos de la Generalitat de Cataluña intentaron concretar el uno de octubre del 2017, el denominado Procés, para independizar esa provincia de la nación española. En su exposición se pueden encontrar, casi clonados, los mismos factores que turban el clima político de Chihuahua, aunque sin la gravedad jurídica de lo ocurrido en la Madre Patria.
La constitucionalista explica que un golpe de Estado no se refiere exclusivamente a una rebelión violenta y armada, sino también al acto que busca romper con las instituciones, disolver o debilitar el parlamento y destituir al Estado, mediante el control de la educación y la información. “En este mundo moderno y global, el golpe de Estado ya no se presenta con la entrada de la caballería en Las Cortes, ni con los tanques de guerra realizando disparos en la calle. Basta con tener mil voces que se dediquen al unísono a subvertirlo todo; la política, la información, la organización social y la percepción que se tenga del gobierno”.
En la educación, actúan convirtiendo en zombis a la población. Inhibiendo su participación y su interés en los asuntos políticos; convirtiéndolos en codependientes del gobierno mediante el asistencialismo y radicalizando su opinión sobre los temas económicos y sociales. Por medio de la comunicación, restando objetividad a la información, distorsionando o tergiversando los hechos y exaltando la opinión pública para deformar la percepción social respecto a su gobierno. En pocas palabras, amoldar el relato de lo político-social a los intereses de los subversionistas.
“El propósito ulterior es liquidar al Estado para sustituirlo por otro más conveniente, mediante la deslegitimación de las instituciones, principalmente las del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que otras no electas de forma popular y mayoritaria puedan ocupar su lugar”.
Señala que quienes intervienen en un golpe de Estado primero buscan justificarse en el discurso del combate anticorrupción. Se niegan a aceptar que la alternancia del poder a través de procesos electorales legales es la única forma legal para deponer un mal gobierno.
Intentan enjuiciar por la vía de la política los asuntos de corrupción, cuando esto debería ser por la vía del imperio de la ley, facultad exclusiva depositada en los tribunales. “Los temas de corrupción deben mantenerse distanciados del debate político y sujetarlos al escrutinio de la ley con las herramientas que para imponerla tienen los jueces”.
Freixes asegura que la forma ideal para contrarrestar esta modalidad de golpe de Estado, subversivo, progresivo y subrepticio, es el perfeccionamiento de la participación política ciudadana, más educación cívica a la población y la instrumentación de múltiples y variados medios alternativos de comunicación, más profesionales, verídicos y sobre todo objetivos.
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