Manila, Filipinas.- Un proyecto de ley enFilipinas, respaldado por el presidenteRodrigo Duterte, que permite que niños de nueveaños puedan ir a la cárcel, provocó el lunes alarma enNaciones Unidas y en asociaciones de defensa delos menores.
Los aliados del mandatario filipino en la Cámara deRepresentantes quieren adoptar esta propuesta de ley antesdel mes de diciembre.
Esta ley prevé el restablecimiento de la pena de muerte y lareducción de la edad penal, de 15 a 9 años.
Duterte fue electo en mayo tras una campaña enla que prometió erradicar las drogas eliminando a decenas de milesde personas tras advertir que el país corría el riesgo deconvertirse en un narcoestado.
También prometió subsanar los vacíos del sistema judicialque, según él, permitían a los traficantes de droga utilizar amenores como mulas. Criminales adultos utilizande forma deliberada a menores de 15 años para cometer crímenescomo el tráfico de droga", declaró PantaleonAlvarez, uno de los defensores del texto.Duterte proponía reducir la edad deresponsabilidad penal a 12 años, pero sus aliados quieren ir máslejos.
Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para laInfancia, recordó el lunes al gobierno filipinosus obligaciones internacionales. Manila esfirmante de la convención de la ONU sobre losderechos de los niños que estipula que la edad penal no puede serinferior a 12 años. La cárcel no es un lugarpara los niños. Es alarmante enviar a niños a instituciones"penitenciarias, declaró Unicef a la AFP. "Seríaun retroceso por parte del gobierno filipino", añadió.Varias asociaciones lanzaron la campaña#ChildrenNotCriminals (los niños no soncriminales) para pedir a los representantes que no apoyen elproyecto de ley. Es injusto acusar a losniños. El resultado será niños convertidos en criminalesreincidentes", declaró Ernesto Almocera, dePlan International Philippines. Losdefensores de los menores instaron a Duterte a quese centrara más bien en las causas de la delincuencia de losmenores, la pobreza, la ausencia de los padres o la falta deeducación.
La política anticriminalidad que promueveDuterte ha desatado duras críticas por parte delos defensores de los derechos humanos.
Más de 2.000 personas han sido abatidas por la policía desdeque el presidente asumió su cargo a finales de junio. Otras 2.800murieron en circunstancias no clarificadas, según lasestadísticas oficiales.
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