Luego de que se amagara con iniciar un juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por anular el “Plan B”, Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex Chihuahua, manifestó que tal acción atenta contra la división de poderes.
“Estos amagos que se han dado en principio, por el presidente del Senado, y también desde el propio presidente de la Republica, no es otra cosa que el reflejo talante, autoritario y populista de este régimen que no entiende que una democracia funciona con un sistema de pesos y contrapesos”, declaró.
Carrejo Orozco fue claro al señalar que este amago atenta claramente contra la división de poderes, al tiempo que indicó que la función de la Suprema Corte es justamente lo que hizo recientemente: vigilar que lo que se promulgue en el Legislativo cumpla con la Constitución y de no ser así, invalide las leyes y los reglamentos que emita el poder legislativo.
“Este es el sistema de pesos y contrapesos que hacen que una democracia funcione y lo único que nos están dejando ver es que este régimen es intolerante a las opiniones diferentes, que no entienden que gobiernan un país diverso, donde hay distintas formas de pensar, con visiones distintas; y en nada benefician estos amagos, estas amenazas hacia la SCJN y a los ministros”, apuntó.
En torno al anuncio del presidente de la Republica de que hará una propuesta de reforma constitucional para que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular, el presidente de Coparme Chihuahua señalo que, con ello, nuevamente se observa el espíritu populista que hay detrás de este régimen.
“Esta propuesta nos parece del todo inconveniente, ya que desvirtúa por completo la naturaleza de la Suprema Corte y generaría más riesgos que beneficios para nuestro sistema democrático”, añadió.
El que esta propuesta transitara –dijo-, convertiría a la SCJN en un ente político, cuando lo que es deseable es exactamente lo contrario: que los ministros de la Corte se abstengan de participar políticamente, puesto que la Suprema para ser garante de la Constitución.
