La negativa del gobierno federal a que los empresarios de la industria de la construcción participen en el desarrollo de obras particulares que serán impulsadas con créditos a la palabra, alentará el trabajo informal en el país, el que no genera impuestos, pago de servicios de salud e incumple con pagos salariales establecidos legalmente.
Así lo consideró el presidente de la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Mario Baeza Cano, al referirse a los comentarios hechos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que descalifica a la empresa formal y a los profesionales del ramo para estos programas.
El también dirigente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, indicó que por escrito le expresaron al ejecutivo federal su rechazo a lo anunciado en relación a la otorgación de créditos para autoconstrucción a través de instancias como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado (Fovissste) y otras. Indicó que está probado que en México la autoconstrucción es uno de los principales problemas en caso de una eventualidad sísmica, lo que se ha visto en situaciones como las ocurridas en los movimientos telúricos de 1957, 1985 y el 2017, dejando en evidencia que, aún las edificaciones con supervisión sufrieron daños, pero más las que fueron edificadas directamente por los ciudadanos sin la asesoría profesional correspondiente.
Baeza Cano dijo que en el documento le piden que no desdeñe la participación del gremio que representa, luego de pedirle que reflexione que a corto, mediano y largo plazo, se verían los daños causados por su decisión.
En lo que se refiere a la CMIC, el presidente nacional del organismo, Eduardo Ramírez Leal, al expresar el posicionamiento de su organismo indicó que “se ha sustituido a los constructores formales en el desarrollo de la obra pública por actores que no cumplen con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados, afectando el desarrollo nacional y distorsionando la rentabilidad de los proyectos”.
Destacó también que no incluirlos en el proceso constructivo no genera ahorros sino que, aumenta la opacidad y discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos; excluye a los trabajadores de los beneficios de las prestaciones sociales como acceso a servicios de salud, crédito para la vivienda, pensión durante el retiro y otros.
Además, añadió, incumple con el pago de impuestos en detrimento de las finanzas públicas y las capacidades gubernamentales; y destruye la experiencia, especialidad y crecimiento de miles de empresas constructoras, especialmente MIPYMES, que son las mayores generadoras de empleo en el país.
Agregó que esta situación se vuelve especialmente grave ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). La CMIC está comprometida en cumplir con las indicaciones de la Secretaría de Salud.
También demandó a las autoridades un paquete de medidas que incluyan a la construcción para superar la emergencia y para reactivar a la economía, aprovechando la capacidad contra cíclica del sector por su capacidad de generar empleo formal, activar las cadenas productivas y brindar obras de calidad.
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