Francisco Santini Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el Decreto federal para la regularización de vehículos “chocolate” afectará no solo a la industria automotriz sino a la economía de las familias chihuahuenses.
“Estamos totalmente en contra de la medida porque es populista, y recaudatoria con estos 2 mil 500 pesos que están cobrando, pero lamentablemente no hemos podido generar este contrapeso para que no se diera”, expresó.
Advirtió que la decisión de la Presidencia de la República es parte de una medida política que se aplica cada 3 o 4 años, para, en teoría, ganar popularidad con algún un sector de la población.
“Nosotros estamos convencidos de que efectivamente las personas necesitan un medio de transporte para poder moverse, pero se ha comprobado que a la larga las familias gastan más al comprar un vehículo ‘savage’, por las reparaciones que tienen que hacerle”, indicó.
Resaltó que este tipo de automóviles no tienen sistemas de seguridad, como las bolsas de aire, porque son lotes de carros que ya tuvieron un choque y no están en buenas condiciones mecánicas.
El daño a la economía de Chihuahua obedece a que el estado es un gran productor de autopartes que van a vehículos nuevos, y la regularización de “chuecos” va a inhibir la venta de automóviles nuevos en el país, lo que se verá reflejado también en Chihuahua, advirtió.
Comentó que otra gran afectación que no se ha tomado en cuenta, es que la presencia de estos automotores van a provocar que se abaraten los vehículos legales de las familias.
Consideró que una vez tomada la decisión jurídica a nivel nacional, la afectación financiera y económica será irreversible.
“Lamentablemente con un gobierno que toma decisiones sin consultar y que todos los otros poderes, como es el Legislativo en este caso, que solamente alza la mano para lo que manda el Ejecutivo, no hay nada qué hacer, solo nos queda concientizar a las familias y nosotros seguir dando argumentos para que no vuelva a suceder este tipo de cosas”, señaló.
De igual manera, advirtió que hay una gran opacidad en el manejo de los recursos públicos que se obtendrán de esta decisión.
“El supuesto argumento de que el recurso va para pavimentación de ayuntamientos, pues no sabemos que realmente se vaya a dar, ni exactamente cómo lo van a hacer”, concluyó.