Exige CCE justicia ante posible desfalco por 36 mdp en pasada administración

“Si hay un desfalco que se castigue a los responsables de haber aprovechado ese recurso y no haber comercializado o vendido este software al Gobierno del Estado”, declaró el líder empresarial

Karina Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

  · jueves 22 de septiembre de 2022

Federico Baeza Marez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Federico Baeza Mares, presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, refirió que la petición desde la iniciativa privada es que se haga justicia, en el caso de un posible desfalco en la pasada administración estatal con la compra de un software que se contrató en Recaudación de Rentas.

“Si hay un desfalco que se castigue a los empresarios responsables de haber aprovechado ese recurso y no haber comercializado o vendido este software al Gobierno del Estado”, declaró el líder empresarial.

La solicitud desde dicho organismo es que la Auditoria Superior del Estado y los jueces y magistrados lleguen hasta las últimas consecuencias. “Si hay que castigar al empresario responsable que se le castigue, es lo que buscamos; la ley debe ser pareja para todos, piso parejo para todos. El que la hace la paga aquí en Chihuahua”, refirió.

Dijo que este tipo de prácticas es una total contradicción con el actuar que tienen los organismos empresariales, por lo que insistió en que el sector privado pide que se haga justicia en este sentido.

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Es de recordar que este día, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resolverá si sanciona o no a José Alfredo L. C., exdirector de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, en la administración 2016-2021, por haber entregado 36 millones de pesos a la empresa Tecnologías de Gestión y Comunicación SA de CV para que implementara un programa en el sistema de recaudación de rentas que nunca funcionó.

Fue la Auditoría Superior del Estado, quien interpuso la denuncia correspondiente tras haber detectado dos pagos de parte de la Secretaría de Hacienda para instalar el nuevo programa, el cual no logró funcionar a más del 10% de su capacidad.