La Jornada Nacional Contra la Extorsión, el aumento de la extorsión a delito grave, la promoción de organizaciones comunitarias de vecinos, la creación de un tribunal de denuncia ciudadana en redes sociales, y la implementación de un botón de pánico y videovigilancia, son algunas de las propuestas presentadas por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) para avanzar en temas de seguridad.
La ANPEC ha informado reiteradamente que, además de los costos humanos y materiales que genera la inseguridad, esta también impulsa la inflación alimentaria en el país, elevando los precios de los productos y alimentos de consumo popular.
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Por esta razón, el tema preocupa al pequeño comercio, que busca crear un ambiente de paz en carreteras y ciudades que permita llevar a cabo actividades económicas y comerciales en condiciones seguras. La Alianza ha hecho varias propuestas, buscando ser parte de la solución a este problema.
Una de estas propuestas es la jornada nacional contra la extorsión, que exige una campaña de gran calado en todos los frentes sociales: escuelas, iglesias, organismos intermedios, clubes, juntas vecinales, entre otros. Se busca difundir información sobre el delito de extorsión y dar a conocer el grave daño que ocasiona a la economía y a la convivencia en el país. Esta campaña debe llevarse a cabo tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales (impresos, televisión, radio y cines), proponiendo que el pequeño comercio actúe como amplificador de esta campaña en todos los rincones del territorio nacional.
Otra de las propuestas es elevar la extorsión a delito grave. Desde el mandato anterior, esta ha quedado como una asignatura pendiente. El castigo que se imponga debe ser ejemplar y disuasivo, para evitar la sensación de impunidad. Por tanto, es esencial retomar esta iniciativa y concretarla en el corto plazo.
Además, promover organizaciones comunitarias de vecinos. Es importante involucrar a las comunidades en la defensa de sus intereses. No hay mejor mecanismo de seguridad que la organización vecinal, debidamente comunicados y conectados para la acción. Es decir, que los habitantes de las colonias y poblaciones estén debidamente enlazados entre ellos y se mantengan atentos a cualquier notificación o alarma que se presente en su área a fin de que todos actúen de manera conjunta. Para ello se requiere de una dependencia gubernamental responsable de esto que convoque, registre y georeferencie estos grupos de manera oficial.
Asimismo, tribunal de denuncia ciudadana en redes sociales. En el pasado reciente mucho se ha insistido a través de campañas que la gente denuncie cuando se ve afectada por la extorsión; sin embargo, no lo hace por temor a ser señalada; se habla también de la denuncia anónima, pero la duda persiste. Proponen que se organicen en redes sociales muros de denuncia que sean atendidos por las autoridades, en donde cada publicación realizada sea motivo de una indagación oficial por las procuradurías. De este modo las personas establecen su propio mecanismo de denuncia, quedando ahí registrado lo que va pasando en las comunidades.
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Y un botón de pánico y videovigilancia. En ese sentido, se expuso que a falta de recursos para poder contar con cuerpos policiacos de máxima proximidad, se vuelve una alternativa instalar cámaras de videovigilancia y botón de pánico en los puntos de venta del comercio local. Esto es posible ya que la tecnología ahora tiene un precio accesible que podría constituir una red de mayor alcance de disuasión a favor de la seguridad y combate a la violencia y a la extorsión. Esta red de videovigilancia y botones de pánico podría operar de manera autónoma con contacto directo al aparato de seguridad de las entidades.
En días pasados la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal presentó la estrategia inicial para bajar los índices de homicidio y combatir la extorsión focalizando su acción en cinco estados de la república: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, estrategia que deja muchas dudas en el camino, pues el fenómeno de la inseguridad en México se mueve como el mar. Si bien en ocasiones se mantiene más activa en algunas partes que en otras, lo cierto es que las acciones delincuenciales van girando a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Focalizar la atención de la actividad del estado en estas entidades y, además, anunciarlo podría equivaler a dar pase libre a los delincuentes para hacer tropelías en las 27 entidades restantes. De la misma forma, comunicar que la estrategia está centrada en combatir los homicidios dolosos y la extorsión, por ser los delitos más recurrentes y expansivos en el país, podría interpretarse como una invitación a los delincuentes a perpetrar otras fechorías, como secuestro exprés, robo de autos, asaltos bancarios y robos con arma de fuego”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
En conclusión, señaló, no queda claro cuál es la idea de limitar territorio y priorizar el combate a ciertos tipos de delitos e informarlo. Hacer público este plan a la opinión pública, de plano, no es conveniente. Según ANPEC, esta estrategia no responde a la emergencia que vive el país, que exige acciones de largo aliento, de alcance nacional y de máxima cobertura, lo que permitiría alcanzar el anhelado clima de armonía social.