El año pasado, la farmacéutica PiSA firmó mil 109 contratos para vender medicamentos y equipo al Sector Salud por mil 593 millones 217 mil 205 pesos. Esto, luego de que la Secretaría de la Función Pública suspendió la inhabilitación por 30 meses que le impuso en 2020.
De acuerdo con el portal de compras del Gobierno, Compranet, el valor de los contratos de 2021 supera por mucho los 605 millones de pesos que PiSA vendió al Gobierno durante 2019, el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
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Destaca que 92 por ciento de los contratos que la farmacéutica pactó en 2021 los recibió mediante adjudicación directa, 62 luego de una licitación pública y 26 como resultado de concursos a los que las instituciones de salud invitaron a por lo menos otras tres empresas.
La mayor parte de los convenios que firmó PiSA fueron con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para proveerle medicamentos, servicios de diálisis, así como equipos para ambulancias o soluciones para inyecciones.
Los convenios también se pactaron con los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias (INER), el de Pediatría (INP), el de Ciencias Médicas y Nutrición, entre otras instancias del Sector Salud.
Algunos de estos contratos tuvieron una duración de hasta seis meses o fueron pactados entre abril y mayo con fecha de término al 31 de diciembre.
El acuerdo más costoso fue por 96 millones 201 mil pesos para el suministro de medicamentos con el IMSS, de acuerdo con Compranet. El sitio también refiere que dicho contrato inició el 5 de mayo y concluyó el último día del año.
El 23 de enero de 2020, la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que PiSA, la principal proveedora de medicamentos contra el cáncer infantil, estaba bajo investigación y que se iniciaría el proceso para su inhabilitación.
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Nueve meses después, la dependencia cumplió. El 20 de octubre anunció que durante 30 meses la empresa y su filial, la distribuidora Dimesa, estarían vetadas para hacer negocios con el Gobierno federal. A cada una les impuso una multa de 1.1 millones de pesos. La Función Pública justificó la medida al acusar a la empresa de proporcionar en 2017 información falsa para ganar un contrato con el IMSS.
“Durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”, indicó en aquel entonces la dependencia.
Sin embargo, el 6 de abril del año pasado la medida fue revocada. “Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y, se atiende al interés social y al orden público”, publicó la SFP en el Diario Oficial de la Federación.
Antes de la inhabilitación, a mediados de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó el cierre de una línea de producción de metotrexato en la planta de PiSA en la Ciudad de México, luego de que al parecer una dosis de ese fármaco había causado efectos adversos a niños con cáncer en un hospital de Puebla. La medida provocó desabasto y protestas de las familias de los enfermos.
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