El Diferimiento del pago de impuestos hasta por 12 meses y la presentación de declaraciones, así como el regreso de la compensación universal para la aplicación de los excedentes pagados por concepto del Impuesto al Valor Agregado, forman parte de la solicitud hecha por el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE) al gobierno federal, para enfrentar la crisis económica que se avecina por el cierre de empresas en prevención del COVID 19 o Coronavirus.
En estas propuestas han coincidido por separado los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional de la Industria de Transformación y la Confederación Patronal de la República Mexicana, lo que también se gestiona a través del CCE, que encabeza el líder del comercio organizado juarense, Rogelio González Alcocer.
Lo que también es promovido por las cúpulas empresariales a nivel nacional. González Alcocer reconoció que las autoridades federales han establecido una serie de medidas para controlar los riesgos de salud, pero sin tomar en cuenta las consecuencias que traerán para la cuestión económica y el sostenimiento del empleo.
El dirigente empresarial también señaló que no solo debe pensarse en el diferimiento, inclusive en la posibilidad de establecer algunas exenciones, para que el patrón aplique como prioridad la atención del ingreso de sus trabajadores en este momento.
Por su parte el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Ciudad Juárez, advirtió que se mantienen las mismas condiciones y plazos para cumplir con las obligaciones fiscales y los contribuyentes enfrentan serias dificultades en su interacción con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que han resultado ser insuficientes para la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.
Los empresarios insisten en que la solicitud principal se refiere a el diferimiento de pagos, no a la reducción de impuestos, pero sí de algunas acciones que permitan al empresariado salir adelante y con ello beneficiar a la gente al no poner en riesgo su trabajo.
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