Chihuahua y Tlaxcala son los únicos en focos rojos en el proceso de armonización legal; mientras que el 53 por ciento de las entidades de la República ya concluyeron este trabajo y el 40 por ciento está a punto de terminar las labores de construcción; sin embargo sólo Coahuila, de las 32 entidades, ha completado su marco legal e institucional al 100 por ciento.

Los estados que ya tienen luz verde para poner a funcionar en materia legal son: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Y Baja California, Sonora, Nayarit, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca, están en amarillo.

La entidad a cargo del gobernador Javier Corral, quien recientemente denunció el estrangulamiento fiscal de la Secretaría Hacienda, luego de haber iniciado un proceso de investigación por corrupción contra su antecesor César Duarte, aún tiene pendiente armonizar cuatro de sus normativas locales con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene un comité de participación ciudadana ni una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de acuerdo a los registros del seguimiento de los SLA que realiza el SNA.

Tampoco ha emitido la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal; la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso; la Ley de Responsabilidades Administrativas ni ha homologado su Código Penal Federal, conforme a la Ley General del SNA.

SI SALE BIEN, PARA ABRIL O PARA MAYO LO TENDREMOS: LA TORRE

Apenas el pasado lunes rindieron protesta los 9 integrantes de la comisión de selección, integrada por 9 personas, que habrá de designar al comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual a su vez deberá proponer alrededor de una decena de nombramientos de titulares de órganos internos de control y otros nuevos puestos, creados al amparo del SEA y el sistema nacional.

La comisión de selección quedó integrada por los ciudadanos Ivonne Arroyo, Olga Ponce, Javier García, Magdalena Rodríguez, Carlos Rivera, Víctor Villagrán, María Longoria, Héctor Martínez y Jesús Robles, quienes tienen hasta el 16 de febrero para proponer a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Paralelamente, el Legislativo tiene que trabajar en los ordenamientos secundarios, creación y reformas de una veintena de leyes, la orgánica del Congreso del Estado, de los organismos autónomos, del Código Municipal, de la Auditoría Superior y otras áreas, para adecuarlas a los ordenamientos principales.

Una vez reformadas y creadas las leyes necesarias, el Comité de Participación Ciudadana, a partir de marzo, deberá proponer para su designación los cargos de fiscal estatal anticorrupción, magistrados del Tribunal Especial de Justicia Administrativa –que podrán ser entre 3 y 5; auditor superior del estado definitivo, ya que el actual, Armando Valenzuela, despacha como provisional; y titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto para la Transparencia, el Instituto Estatal Electoral y otros que no dependen de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

Al respecto, el diputado panista Miguel La Torre reconoció que el Sistema Anticorrupción enfrenta un retraso importante y consideró que será hasta abril o mayo cuando se pueda tener constituido en su totalidad, es decir casi un año después de la fecha límite que se había establecido a nivel nacional.

La previsión que se tenía, dijo, era tenerlo listo para finales de febrero, era la fecha límite establecida a nivel estatal, pero será imposible lograrlo.