La diputada local del PRD Crystal Tovar Aragón exhortó al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para que implemente un órgano que propicie la evaluación de la política de desarrollo social y humano, con la finalidad de conocer el impacto que los proyectos y programas de la mencionada dependencia tienen en los chihuahuenses.
Durante la exposición de motivos a su iniciativa con carácter de Acuerdo, la legisladora recordó que el pasado 22 de marzo cuestionó a Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social, en su comparecencia ante el Pleno, sobre el motivo por el cual aún no se cuenta con un órgano que evalúe los alcances en la política de desarrollo social y humano.
“Bajo juramento de decir verdad, el funcionario estatal respondió que no se había instalado porque la dependencia a su cargo no contaba con las facultades para implementarlo, incluso, agregó que para ello era necesaria una iniciativa emitida por parte de los legisladores para aprobar la integración de quienes estarían a cargo del mencionado órgano desconcentrado”, dijo la diputada perredista.
En ese sentido, resaltó las palabras del secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, el cual literalmente pedía que le auxiliaran con su creación. Sin embargo, después de una revisión a la Ley Orgánica del Poder Legislativo se encontró que la creación de organismos descentralizados y desconcentrados es atribución directa del Poder Ejecutivo del estado, explicó Tovar.
Ante ello, es importante precisar que de conformidad con el artículo 64 fracción XLI de la Constitución local se establece que dichos organismos se crean a partir de iniciativa del Ejecutivo. Asimismo, la atribución de instalar órganos desconcentrados es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Cabe destacar que una vez constituido este órgano descentralizado, se podría evaluar la política social y así conocer, entre otras cosas, la cobertura, así como el número de sujetos de derecho atendidos por programa y proyecto en los municipios y localidades, además de ser útil para medir la disminución de las condiciones de pobreza, desigualdad, marginación, discriminación, vulnerabilidad y exclusión.
