El Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua se pronunció a favor de la educación inclusiva y no al “pin parental” por lo que exigen al Congreso del Estado que se conduzca de manera responsable y ética, legisle para la ciudadanía en general y cumpla los principios constitucionales que ordenan que la educación “además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
El Grupo Feminista observa con preocupación las reformas para armonizar la Ley Estatal de Educación con la Ley General de Educación, efectuada en la sesión 165 de la Segunda Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del segundo año de ejercicio constitucional por las diputadas y diputados en el pleno del Congreso Local.
El pasado 30 de marzo de 2020, se cumplió el plazo para hacer los ajustes necesarios a la ley local de Educación de acuerdo al mandato federal. El Congreso del Estado de Chihuahua, ya tarde, aprobó una serie de reformas que no cumplen la armonización. En cual dejaron de lado el principio de Progresividad y con conocimiento de causa, evadieron importantes modificaciones o adiciones a los artículos 5, párrafo IV; 51, párrafo segundo; 51 Ter; 134, fracción VII, párrafo segundo; y 192, es decir, lo relativo a la educación inclusiva.
La educación inclusiva es uno de los retos de la actualidad que viene señalada claramente en La ley de Educación, en la que se reconoce la diversidad del alumnado y obliga a las instancias educativas a promover estrategias de enseñanza-aprendizaje que den cabida a la diferencia en contextos educativos diversos. La educación inclusiva no sólo está asociada a la discapacidad sino que considera a todos y cada uno de los alumnos y alumnas, de acuerdo a sus necesidades específicas, lo que da valor a la persona y sus habilidades.
“Es nuestra preocupación real. Es muy cuestionable cómo soslayan las afectaciones que implica la modificación del articulado que considera la educación inclusiva desde una perspectiva más humanista y equitativa, justo lo que requiere la sociedad chihuahuense”.
También señalaron que es motivo de observación a detalle la eliminación del párrafo que claramente ordena que las “asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.”, sobre todo porque existen grupo que realizan cabildeos con congresistas conservadores, para modificar leyes progresistas encaminadas a formar ciudadanía responsable y con pensamiento crítico. “Dichos legisladores olvidan que el Congreso es un espacio democrático donde es inaceptable legislar sin la perspectiva de los derechos humanos.
Ante ello además exigieron que las diputadas y los diputados locales no olviden que la Constitución General de la República establece que la educación se basa en “el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva” y que “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral”, por lo que deben incluir “la educación sexual y reproductiva”.
Además que se armonice la Ley de Educación Estatal con la Ley General de Educación, de acuerdo a los principios progresistas ya estipulados. Sin recortar, denostar o disminuir lo que por ley corresponde a la ciudadanía, dejando atrás intereses personales y/o partidistas.
“Cada persona es única, promover un espacio educativo inclusivo donde el o la estudiante es el centro y no quien se debe adaptar al sistema, permite avanzar hacia una sociedad equitativa y realmente democrática”, señalaron.
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