La secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, dio a conocer que de 2016 a la fecha se han integrado un total de 97 denuncias contra diversos exfuncionarios, quienes cometieron distintas irregularidades que han generado un daño a la hacienda pública por un monto acumulado de 2 mil 793 millones de pesos.
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Además compartió que de los trabajadores de la actual administración, se iniciaron 10 procedimientos de investigación, donde dos de ellos están siendo integrados por la vía penal, por cometer un desvío de por lo menos 10 millones de pesos, mientras que el resto enfrenta procesos administrativos e inhabilitaciones.
“Desde el día 1 de la administración del gobernador Corral, iniciamos los trabajos en materia en combate a la corrupción, en la Función Pública recibimos 97 denuncias de distintos entes, referente a actos irregulares detectados, por lo que inició el proceso de auditoría, determinando que 88 de los casos había actos constitutivos de delitos por daño de 2 mil 793 millones de pesos”, indicó.
Entre las irregularidades detectadas en los exfuncionarios, comentó que hubo adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, contrataciones con empresas fantasma, pagos indebidos al obtener la documentación justificativa y comprobatoria de la erogación de este recurso, obra pagada no ejecutada, predios pagados por encima de su valor y otorgamiento indebido de beneficios, detalló.
La titular de la Función Pública manifestó que hay 77 ex servidores públicos, de los cuales 12 han sido sancionados, y que existen por lo menos cuatro exfuncionarios que tienen varios procesos en su contra, que llegan a sumar más de 30 procedimientos, según las investigaciones que mantiene el Operativo Justicia para Chihuahua.
Mónica Vargas destacó que en cinco de estos desvíos detectados por la Función Pública, está relacionado el exgobernador al haber obtenido beneficios económicos indebidos, ya que hubo apoyos y subsidios que se dieron a empresas y asociaciones civiles claramente ligadas con él.
De los 73 procedimientos administrativos iniciados por la SFP, cuatro personajes allegados al exmandatario chihuahuense fueron identificados como operadores y acumulan entre 35 y 30 procedimientos, y tres de ellos también enfrentan un proceso penal, indicó.
“De los procedimientos de responsabilidades, tenemos 10 ex funcionarios públicos, en la que resolvimos hay irregularidades pero no daño al erario, hay dos procedimientos donde hay daño, que se calcula entre los 10 millones de pesos”, compartió Mónica Vargas sobre investigaciones a personal de la actual administración.
Comentó que de esa investigación se han impuesto 13 sanciones económicas por 273 millones de pesos para ser reintegradas al erario, “estamos muy orgullosos en la Secretaría de la Función Pública de la labor que desarrollamos día con día, los resultados se han notado no solamente en estos casos concretos, donde ya estamos sancionando, ya hay involucrados que tienen penas de prisión, sino también en cómo la ciudadanía está cambiando la percepción que tiene del gobierno del estado.
De esta manera la SFP inició los procesos de auditoría e investigación, y determinó que en 88 de los casos había actos constitutivos de delito e irregularidades administrativas, mientras que en las nueve restantes sólo del tipo administrativo.
“Hemos presentado ya 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, y recientemente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un monto de 2 mil 793 millones de pesos, que es lo que nosotros tenemos documentado”, compartió.
Sin embargo, advirtió que la recuperación de los recursos es un proceso muy largo, toda vez que las personas sancionadas tienen derecho a diversos medios de defensa que alargan el plazo en el que se pueden hacer efectivas, principalmente, la económica.
“Una vez que se agotan todos esos procedimientos o esos recursos legales, es cuando se solicita el crédito fiscal para que el recurso sea reintegrado a las arcas del gobierno, pero ahí todavía pueden interponer otro tipo de juicios, y alargar cada vez más el proceso”, según explicó la titular de la dependencia.
Sobre el caso específico del exgobernador, dijo que las investigaciones de la SFP iniciaron con varias actividades tendientes concretamente a beneficiarlo, que se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado para que integraran las carpetas de investigación.
Por lo cual posteriormente el Ministerio Público se allegó de más elementos a su alcance y solicitaron la captura con fines de extradición del exgobernador a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Señaló que en la mayoría de los asuntos investigados por la SFP se inician procedimientos administrativos, al mismo tiempo que se desarrollan los del tipo penal en otras instancias.
“Actualmente, nosotros también tenemos un procedimiento administrativo iniciado contra los exfuncionarios públicos que participaron, pero el ámbito de actuación es en el poder Ejecutivo del estado, aunque ya está en el área de responsabilidades y que estaremos resolviendo próximamente”, aseguró.
Cuando los actos fueron cometidos después de la promulgación de la actual Ley General de Responsabilidades, y son graves, la SFP se concreta a substanciar y la instancia que resolverá es el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Pero en el caso de Operación Justicia para Chihuahua, todos los hechos fueron cometidos con la ley anterior, entonces nos corresponde substanciar y resolver, es decir, imponer sanciones, mientras que en los hechos irregulares que detectemos de esta administración, se calificarán con base en Ley General de Responsabilidades del Estado de Chihuahua”, afirmó.
Recordó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, en 2016 ubicó a Chihuahua en el lugar 30, en materia de prevalencia de corrupción y en 2019 avanzó hasta el 6.
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