El abogado de los tres agricultores detenidos en la manifestación de la presa La Boquilla, Gerardo Navarrete, comentó que obtuvieron un amparo el pasado 11 de diciembre, para que un juez federal revisara la medida cautelar de los detenidos, pero que este último no quiso celebrar una nueva audiencia y en cambio dijo que tenía la instrucción de no resolver nada.
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“Se nos otorgó un nuevo amparo para celebrar una nueva audiencia para debatir la medida cautelar, pero no quiso el juez Tomás Acosta Canto, en un acto de ilegalidad, de imparcialidad, no da cumplimiento a la sentencia de amparo e impone nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva”, indicó el abogado.
Explicó que sí les otorgaron el amparo por parte del Juzgado del Segundo Distrito, el día 11 de diciembre, para llevar a cabo una audiencia para debatir entre las partes la medida cautelar de los detenidos, pero el juez federal decidió no dar cumplimiento a la sentencia de amparo y dejó las medidas cautelares de prisión preventiva.
Durante la audiencia celebrada el día 15 de diciembre se determinó que Rosendo, Juan Carlos y Juan deberán continuar en prisión preventiva al menos hasta el juicio oral que se llevará a cabo a mediados del mes de enero ante la negativa del juez de debatir esta medida, por lo cual también ya tuvieron un acercamiento con el Consejero Jurídico para platicar sobre el asunto.
“Tacho de incorrecto al Juzgado Segundo de Distrito, y vuelve a dejar e imponer la medida cautelar de prisión preventiva, pero sí hay un amparo para celebrar nueva audiencia, pero no la quiso realizar en un acto de ilegalidad, dijo que él tenía la directriz de resolver el amparo así, en un acto unilateral a las pretensiones del gobierno federal”, indicó el abogado Gerardo Navarrete.
Como parte de las acciones que continúan por parte de la defensa, es buscar denunciar el incumplimiento ante el juez Segundo de Distrito, quien fue el que remitió la resolución de amparo, y será el juez de Distrito que resuelva, por lo cual seguirán elaborando la defensa para el juicio oral que continuará con los agricultores detenidos.
“Se nos convocó por parte del Estado, quieren platicar con nosotros, quieren estar enterados con el tema legal con esta detención. Esto es movimiento es de toda la región, no hay que ser omisos con lo que está pasando, ellos lucharon en pro de todos los chihuahuenses por el agua de todo el estado, es un llamado para que estén enterados de lo que pasa con sus hermanos de La Cruz”, indicó.
Dijo que los familiares no han podido tener contacto físico con los tres detenidos desde hace varias semanas, que sólo han podido dialogar con ellos a través de llamadas, ya que las visitas al Cereso se encuentran suspendidas debido a los posibles brotes o contagios del Covid-19 y al regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico.
Decenas de activistas, familiares y compañeros de la región sur del estado se han manifestado en diversas ocasiones para solicitar la libertad de los tres detenidos, toda vez que consideran que están siendo víctimas de una presión de las autoridades federales, al verse involucradas en los conflictos del agua en el estado.
Hasta el momento a los detenidos le fincan cargos de haber tomado algunas granadas de humo de la Guardia Nacional y que fue el motivo por el cual decidieron detenerlos el pasado mes de septiembre, que fue el mismo día cuando los elementos abrieron fuego en contra de dos campesinos, donde una mujer perdió la vida y otro quedó malherido.
Juez federal ya había sido calificado como “corrupto” al pedir liberación de magistrado
El juez federal Tomás José Acosta Canto, quien fue acusado por pobladores de La Cruz de mantener preso a los tres agricultores, ya había sido acusado de “corrupto” por el Gobierno del Estado, luego de que en el mes de marzo decidió dejar en libertad al magistrado Jorge Abraham R.A.
El propio gobernador Javier Corral Jurado al momento que la Consejería Jurídica presentó la queja en contra del juez federal, dijo que el juez es “un juez que ha estado generando medidas de protección a varios de los personajes involucrados en actos de corrupción en Chihuahua”.
Por otra parte, actualmente se le señala de obedecer un interés con el Gobierno de la República, para mantener en prisión a tres campesinos que fueron detenidos en el municipio de Delicias, tras la manifestación por la defensa del agua, donde elementos de la Guardia Nacional los capturó con bombas de humo y otras pertenencias de los elementos.
El pasado mes de marzo, cuando el juez federal concedió la liberación del magistrado Jorge Abraham, el mandatario dijo que tenía “una cercanía con el entorno de César Duarte, incluso de Carlos Hermosillo (diputado priista fallecido en un accidente automovilístico en 2017), se trata de un juez que ya no mide sus actos, sus resoluciones son contrarias a la Constitución, contrarias a las leyes. ¿Qué es lo que sostiene a este juez en el estado de Chihuahua?, no lo sabemos”.
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