El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que la dependencia que él encabeza, ha tenido acercamiento con la familia que fue víctima del accidente que protagonizó un elemento de la Policía Ministerial.
Luego de ser cuestionado en relación a que familiares de los afectados, habían afirmado no tener apoyo de la dependencia estatal en materia de atención médica, situación que negó Jáuregui Moreno.
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El funcionario estatal señaló que se ha tenido contacto de forma permanente con la familia, sobre todo al cuestionársele sobre el apoyo económico que la dependencia dará a la familia, situación que dijo, se encuentra cubierta.
“Todo esta cubierto, ayer operaron a una de las víctimas”, dijo Jáuregui Moreno, quien señaló que a la víctima se le controló una hemorragia, la cual presentaba por motivo del accidente.
Cabe recordar que este accidente vial dejó como saldo a seis personas afectadas, de las cuales cinco eran menores y todos presentaban heridas de consideración.
Ante esto, el martes 19 de diciembre se llevó a cabo la audiencia inicial para formulación de cargos, con lo que se le dictó prisión preventiva, tema al que el imputado Alfredo Iván G.M. pidió se cambiara por el de arraigo domiciliario.
Esto, ya que afirmó, cuenta con las suficientes pruebas que le permiten el arraigo dentro del caso, ya que cuenta con una vivienda la cual puso de garantía, sin embargo, fue denegada la petición, por lo que continuará con la prisión preventiva.
En su alegato, el acusado afirmó que ha mantenido una conducta dentro de la legalidad durante sus años de servicio, lo que dio inicio al caso bajo la causa 4381/23. Por otro lado, el Ministerio Público destacó que el imputado carece de bienes jurídicos significativos.
El representante fiscal subrayó además que los seis heridos en el accidente vial, incluyendo a cinco menores, sufrieron lesiones graves. Este aspecto no solo implica la pérdida de vidas, sino también daños al patrimonio de tres personas afectadas.
El Ministerio Público advirtió sobre el riesgo de fuga, considerando que el acusado es un agente estatal de seguridad pública en el estado. Esto podría resultar en una suspensión o incluso en la terminación de sus funciones, lo que afectaría sus ingresos desde la suspensión hasta el cese.
Durante los argumentos presentados, se enfatizó que el comportamiento del imputado fue consecuencia de una conducción arriesgada y peligrosa. Esto se evidenció al no obedecer las señales del semáforo y pasar por alto el alto, lo que provocó el impacto frontal de su vehículo contra otros tres.