Los once pozos ilegales en el rancho La Mojina, propiedad de Joel LeBarón, serán clausurados, señaló el director de Fomento Agropecuario, Martín Solís Bustamante, indicando que se hará un segundo operativo a este predio por parte de Gobierno federal, ya que la extracción de agua se hace sin concesión de un acuífero sobreexplotado.
“Yo no acudí como activista a este rancho, yo iba como parte de una mesa de trabajo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con el tema de medio ambiente y la explotación ilegal de agua”, indicó Martín Solís Bustamante, quien agregó que tiene testigos de personal de Conagua, PGR, CFE, Sagarpa, CES, Profepa, que fue el señor Joel LeBarón quien lo increpó.
En el caso ambiental se trabajan dos temas: la explotación forestal en la sierra de Chihuahua por la tala ilegal y en la parte agrícola, la explotación ilegal de agua en la cuenca hidrológica del Río del Carmen, esto producto de las medidas cautelares que tienen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los defensores de derechos humanos, derivado de los asesinatos ocurridos en los años 2012 y 2013, de Ismael Solorio y Manuelita Solís, y posteriormente Alberto Almeida.
En el tema de la cuenca hidrológica en el río Del Carmen, se estable una mesa de trabajo donde participa la Segob, CFE, el Cisen, la PGR, Conagua, Profepa, Semarnat, y por parte del Estado, la Dirección de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Rural.
El acuífero San Clara, según el estudio de disponibilidad de Coganua, dice que hay agua para mil 500 hectáreas, y con él se siembra 35 mil hectáreas de riego de maíz y frijol. Son 395 pozos que fueron amparados o protegidos por medios de una carta que firmó Alex LeBarón cuando estaba a cargo de la Conagua, señaló el director de Fomento Agropecuario, pero que son ilegales.
Así mismo se hizo una denuncia por parte de productores locales que participaron en la mesa de medio ambiente, señalando que en el rancho La Mojina, propiedad de Joel LeBarón Soto, hay apertura de tierras, sin cambio de uso de suelo y que se presumía la existencia de pozos ilegales.
Los productores denunciantes, del Ejido Constitución, tienen una problemática del agua del subsuelo, ya que no hay. Son mil ejidatarios, de los cuales solamente 400 tienen acceso agua porque están en un acuífero vedado, el Flores Magón-Ahumada, que tiene veda desde 1956.
Por lo tanto, explicó Martín Solís Bustamante, el día que asistió al predio, no iba como activista, sino como empleado de Desarrollo Rural y miembro de la mesa de trabajo de Medio Ambiente, acompañado de personal de Conagua, un ministerio público de la PGR, Profepa, la CES, la Secretaría de Gobierno, quienes iban como observadores de la mesa para la inspección de pozos sin título.
La inspección se suspende por parte de Kamel Athié, delegado de Conagua, debido a que el señor Joel LeBarón les negó el ingreso al predio, aun así solamente los productores del Ejido Constitución y gente de Profepa ingresan al predio y detectan un huerto de nogal de 110 hectáreas con cerca de 16 mil 700 árboles, un pozo agrícola con 10 pulgadas funcionado, 67 hectáreas abiertas a la agricultura y 11 pozos ya perforados y listos para colocar equipo y extraer agua.
La Conagua pide documentos del pozo en operaciones, y los hijos de Joel LeBarón, sin confrontación, desmantelan el pozo con su propia maquinaria, ya que presentaron un título del pozo a nombre de Magdaleno Herrera Vázquez, quien les trasmitió un volumen de agua de 180 mil metros cúbicos, que aun si fuera cierto de esta transmisión, señaló Solís Bustamante, no son suficientes para regar las 110 hectáreas, sino 18 solamente.Lo que ha seguido en torno a esta problemática denunciada por los productores de Ejido Constitución, señaló Martín Solís Bustamante, es que se hizo una reunión nuevamente el lunes 4 de diciembre con todos los integrantes de la mesa de trabajo, se clarificó el tema, y viene un operativo de la Ciudad de México, de la Dirección General de Inspección, para clausurar los nueve pozos que quedaron, debido a que no hay concesión de agua.
Además, en torno a este tema, los habitantes de la región también metieron una demanda a la PGR por daño ambiental, por apertura de tierras y el intento de extraer agua y así mismo extraer agua sin concesión, ya que el problema en esta zona es que no hay agua, se ha ido agotando por la sobreexplotación.