El doble homicidio de padre e hijo que eran miembros barzonistas ocurrido la tarde del pasado miércoles, pudiera tener relación con el conflicto del agua en la comunidad de Campo Santo, municipio de Namiquipa, declaró el líder de la organización en el estado, Eraclio Rodríguez Gómez, al vaticinar que por la experiencia de los tres crímenes anteriores contra miembros, en este nuevo caso seguramente no habrá justicia por indolencia de las autoridades.

“Son dos compañeros más que pasan a la estadística, porque ni modo que vayan a hacer justicia, el Gobierno del Estado como el federal están totalmente sordos y ciegos sobre todo con los problemas del agua”, dijo, al recalcar que si anteriormente la organización El Barzón de Chihuahua exigía la justicia para tres compañeros: Ismael Solorio, Manuelita Hernández y Alberto Almeida, ahora se suman estos dos integrantes.

Don Ramón Hernández Nevárez, de 75 años de edad y su hijo Anselmo Hernández Andujo, de 39, fueron localizados sin vida a bordo de una pick up, color rojo, de modelo atrasado y que traía redilas ganaderas, la cual estaba estacionada a la altura del kilómetro 10 de la carretera que conduce a Santa Clara, en el municipio de Namiquipa.

Ramón Hernández Nevárez era líder agrario en su comunidad, encabezó las demandas y denuncias en materia agraria, en los últimos años se sumó a la lucha de la defensa del agua en la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, asimismo, denunció el control de grupos armados en la región.

De acuerdo a El Barzón, como consecuencia de las reiteradas denuncias para solicitar la intervención de la autoridad, en días previos Ramón Hernández Nevárez y su familia recibieron amenazas, situación que fue informada a las autoridades y que concluyó con un operativo realizado el pasado 23 de mayo.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer de manera oficial que “mediante una orden de cateo en la que participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad en la localidad San Gerónimo, municipio de Namiquipa, se aseguró: equipo táctico, armas de fuego, dos pick up y se detuvo a un ciudadano”.

La persona detenida fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República, quien a su vez turnó el caso ante un juez federal; sin embargo, se tiene información de que ésta fue puesta en libertad, se desconoce si estaba o no vinculada a proceso por las armas que le fueron aseguradas.

Al parecer, esta determinación del juez se realizó con base a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que limitan la prisión preventiva a sólo algunos casos.

Por lo anterior, El Barzón consideró que existen elementos suficientes para considerar que el asesinato de los dos barzonistas se cometió en represalia de las denuncias y luego de la puesta en libertad de la persona previamente detenida.

“Yako” Rodríguez recalcó que existen factores, como en los otros crímenes, que aún están sin resolver, que imposibilitan que haya justicia como lo resaltó en la incapacidad de las autoridades.

“Estamos con indignación, estamos preocupados, enojados por lo que está pasando y la gran ausencia del Gobierno ante esta situación”, reclamó en voz de la organización.

Expresó que la principal vertiente del doble homicidio radica en problemas por asuntos del agua, al parecer la posesión de pozos, que padecían con integrantes de la misma comunidad, inclusive de la misma familia.

Los cuerpos de los activistas se encontraban con múltiples impactos por proyectiles de arma de fuego, de acuerdo al reporte de las autoridades.

En un comunicado la organización señaló lo siguiente:

1. Lamentamos que el crimen organizado siga operando con entera libertad, e incluso controlando diversas zonas de la entidad.

2. Demandamos una investigación oportuna, exhaustiva, imparcial y con la debida diligencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

3. Exigimos que se garantice la seguridad en la región y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad pública para proteger a las personas que ahí se encuentran.

4. Demandamos se investigue la actuación de jueces federales que en éste y otros casos han puesto en libertad a delincuentes.