Ante la explotación ilegal y tala clandestina del bosque por parte de integrantes del crimen organizado, la comunidad indígena de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a fin de que intervengan en la protección del bosque, cuya acción le costó la vida a Juan Ontiveros Ramos, defensir rarámuri.

A finales del mes de marzo los representantes de la comunidad interpusieron este recurso legal, ya que desde el 2019 y hasta el momento, han sido testigos del marqueo de árboles y aprovechamiento forestal con fines comerciales denro de su territorio, mismo que ya fue reconocido por el Tribunal Superior Agrario.

El aprovechamiento forestal, presuntamente lo están haciendo integrantes de la comunidad Coloradas de los Chávez, bajo la protección de varios integrantes del crimen organizado, quienes vigilan mientras se realiza el marqueo y la tala.

A pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los integrantes de la comunidad rarámuri observan el trazo de una brecha de terracería en la que actualmente están trabajando máquinas, sin su consentimiento, poniendo en peligro su salud, su seguridad y su medio ambiente.

El 80% del territorio ancestral de Choréachi se encuentra constituido por bosque viejo de pino y encino que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Es uno de los últimos lugares de la Sierra Tarahumara con tal biodiversidad, lo cual ha sido posible gracias a la protección y defensa que la comunidad rarámuri ha emprendido por generaciones.

Después de 20 años de lucha en los tribunales agrarios, la comunidad rarámuri de Choréachi con el acompañamiento y asesoría de la asociación civil Alianza Sierra Madre, logró el reconocimiento de su territorio ancestral. En 2018, el Tribunal Superior Agrario reconoció que la comunidad indígena Choréachi tiene derecho a su territorio y bienes naturales.

La comunidad indígena de Choréachi cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores ambientales rarámuri, entre ellos Juan Ontiveros Ramos, acciones que se realizaron como represalia por la defensa que la comunidad ha emprendido en los tribunales para frenar la tala ilegal de sus bosques.

Los integrantes de la comunidad exigen a las instituciones competentes de los gobiernos federal y estatal garanticen la vida e integridad física de la totalidad de integrantes de la comunidad de Choréachi, como mandató al Estado mexicano la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además de que las autoridades competentes suspendan de manera inmediata las actividades de aprovechamiento forestal que se realiza en el territorio de la comunidad de Choéachi.

Y que se proceda, investigue y se sancione a quien o a quienes resulten responsables.

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