El ex secretario de Educación Ricardo Yáñez Herrera asienta en sus declaraciones ministeriales y ante un juez que Manlio Fabio Beltrones fue la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI, lo cual no sólo se hizo en Chihuahua, sino en varios estados.

Lo anterior, de acuerdo al reportaje “El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza una investigación sobre corrupción”, publicado por el diario estadounidense The New York Times, a raíz de la detención del ex secretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

El reportaje cita que en enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina, y Jaime Herrera, ex secretario de Finanzas del estado, necesitaba casi $16 millones para aliviar la tensión financiera.

Dos días después, en un contrato de siete páginas, el Ministerio de Finanzas federal aceptó la solicitud. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue asombrosamente rápido.

Pero el motivo de la transferencia, según los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. “En realidad, dijeron, el Sr. Gutiérrez, el ex diputado del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio”.

La operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja, probada y verdadera de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente proporcionarían servicios educativos para las compañías estatales, desde las cuales los agentes del partido podrían desviar el dinero.

Una compañía recibió alrededor de $5.2 millones por vender el software estatal de recursos humanos.

A otras tres compañías se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados ​​por The Times.

Según especialistas en contratación, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.

Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron cortados para cada una de las compañías.

De los aproximadamente $15.8 millones enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó que se le devolvieran $14.4 millones, según el testimonio de funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como lo consideraban los funcionarios del estado.

De cada una de las compañías, el dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen en la lista negra de compañías fronterizas de las autoridades tributarias nacionales, según los documentos.

A partir de ahí, desapareció. La única pista sobre a dónde fue se encuentra en el testimonio de los dos ex funcionarios del estado, a quienes funcionarios del partido les dijeron que el dinero se convirtió en dinero gastado en financiamiento de campaña.

The New York Times dice que los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. “Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas”.