La diputada Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa con el objetivo de que se agregue hasta tres años de prisión a quienes utilicen las vacunas contra el coronavirus con fines electorales, como un agravante a las sanciones ya estipuladas en el Código Penal por el uso de los programas sociales con esos fines, sanción que llega hasta los nueve años de cárcel.
Bujanda Ríos, propone dentro de su iniciativa que se estipule como un agravante el uso de programas sociales destinados a la promoción, prevención y atención de la salud con fines político- electorales.
“El acceso a la vacuna, no puede ser dejado al arbitrio y sin una estrategia clara en su distribución, por ello diversos actores han reclamaron estar dispuestos a realizar compras por su cuenta; lo anterior, ya que al tener el poder sobre la vacuna, podría ser usado como una estrategia electoral y encontrarse lejos de sus fines intrínsecos de prevención”, dijo la diputada panista.
Detalló que el derecho a la salud es universal, mismo que se encuentra inmerso en nuestro marco normativo, así mismo, la Ley General de Salud establece la vacunación como una medida de seguridad sanitaria que debe de ejecutarse de manera inmediata, sin costo alguno.
En este sentido añadió que el acceso a recibir la inmunización ante una emergencia sanitaria no debe suponer ninguna contraprestación ni condicional de ningún tipo para el receptor.
Cabe mencionar que el Código Penal del Estado de Chihuahua, establece que se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
Esta iniciativa pretende que se agregue a las sanciones mencionadas, que se impondrán de uno a tres años de prisión si esto se ejerce en los programas sociales empleados están destinados a la promoción, prevención y atención de la salud.