Tras la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en contra de la candidata panista a la alcaldía de Meoqui, Miriam Soto, por el uso de recursos públicos para promoción de su campaña, Francisco Sánchez Villegas, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, aseguró que seguirán denunciando los actos de corrupción en todo el Estado para garantizar que el recurso público sea empleado en beneficio de la población y no para los fines políticos de la promoción de las candidaturas panistas.
“Es claro ya que las candidaturas de Acción Nacional tienen un serio problema para conducirse con rectitud. Siguen haciendo sus campañas a través de personajes impresentables para la ciudadanía, personajes con probados actos de corrupción, con sentencias avaladas por un juez”, indicó Sánchez Villegas.
Para esta denuncia promovida por la candidata de Movimiento Ciudadano a la sindicatura de Meoqui, Lucy Gómez, el Tribunal determinó que la candidata panista a la alcaldía utilizó los programas sociales de la presidencia municipal de Meoqui para inducir a la ciudadanía al voto en su favor, hecho que contraviene el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal.
Asimismo, el Tribunal determinó que la candidata del PAN faltó a la ley al realizar actos anticipados de campaña mientras se encontraba en funciones como Directora de Desarrollo Social de dicho ayuntamiento, resultando esto en actos de promoción personal con cargo al erario. Por estas faltas a la ley, la candidata y el PAN deberán pagar una multa de $43,440.00 al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
De igual manera, apuntó Sánchez Villegas, la negativa de la candidata panista a participar del debate entre las y los candidatos a la alcaldía de Meoqui organizado por el Instituto Estatal Electoral, representa una nueva falta al proceso democrático y los principios de competencia equitativa que deben regir al proceso electoral.
Ante estos hechos, apuntó Sánchez Villegas, los órganos jurídicos de Movimiento Ciudadano mantendrán la estricta vigilancia en la contienda electoral para proceder legalmente en contra de quienes incumplan con la ley, tal como se ha hecho ya en repetidas ocasiones ante los organismos electorales estatales y federales, quienes han validado las denuncias presentadas y emitido, como en este caso, sentencias para reparar el daño en búsqueda de una procedo democrático justo y apegado a derecho.
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