Este martes se tipificó en Chihuahua el delito de robo de agua, en donde se determinó imponer de seis meses a tres años de prisión a quien sustraiga agua sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, además de dicha sanción carcelaria, se impondrán de uno a tres años de prisión si para la sustracción del agua se daña la infraestructura de una red que abastezca en todo o en parte a un centro de población, sea urbano o rural.
Lo anterior luego de que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la diputada Georgina Bujanda por la que se reforman diversos artículos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que a través de las Juntas municipales de agua se brinde un mejor servicio a los usuarios, así mismo se reformó el Código Penal para tipificar el delito de robo de agua.
La legisladora panista resaltó la importancia del cuidado del vital líquido, así como la garantía que se debe de dar a los usuarios de este derecho constitucional.
“Como autoridades tenemos el deber de mejorar nuestras leyes para que éstas aseguren que el agua llegue a todas las comunidades de nuestro estado, pero además que se cobre lo justo por el suministro de la misma, no podemos permitir que haya tarifas excesivas o injustas para la población”, señaló Bujanda Ríos.
La diputada dio a conocer que durante varios meses se trabajó esta iniciativa dentro de una mesa técnica integrada por personal de la Junta Central de Agua y Saneamiento, la academia, expertos del Tribunal Superior de Justicia y diversos actores que colaboraron a enriquecer la propuesta.
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