De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, la entidad es la segunda con mejor desempeño en el país; las víctimas de actos de corrupción pasaron de 15 mil 633 a 9, mil 381, lo que representa un 40 por ciento.

De 2017 a 2019, Chihuahua disminuyó un 40 por ciento la tasa de prevalencia de corrupción entre sus habitantes, es decir, las personas que dijeron ser víctimas directas, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ese porcentaje publicado en el apartado de “Experiencias de Corrupción” coloca a Chihuahua como el segundo estado del país con mejor desempeño de un periodo a otro, después de Tabasco.Las víctimas de actos de corrupción pasaron de 15 mil 633 en 2017 a 9 mil 381 en 2019.

La encuesta de Inegi arroja un dato duro (no una percepción) que es medido en los hogares y no se puede modificar o alterar en la interpretación, ya que representa a las personas afectadas como consecuencia de una mala práctica ética, por parte del funcionariado público.

La Encig identificó que en 2017, por cada 100 mil habitantes de Chihuahua, 15 mil 633 dijeron haber sido víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados ante instancias gubernamentales.

En contraste, dos años después, en 2019, la encuesta midió una reducción del 40 por ciento, al disminuir la cifra hasta 9 mil 381.Otro aspecto investigado por la Encig del Inegi fue el de la cantidad de personas que afirmaron haber vivido experiencias de corrupción en trámites, pagos o solicitudes de servicios, durante 2019.

Como resultado, Chihuahua al igual que todo el país, reportó que el primero lugar fue el contacto con autoridades de seguridad pública, en un 59.2 por ciento, seguido de los trámites relacionados con la propiedad, con 25 por ciento.

Además, específicamente en la entidad, el segundo y tercer trámite, pago o solicitud con mayor prevalencia de corrupción, corresponde al servicio de energía eléctrica, que administra la Federación, y a servicios municipales, a cargo de los Ayuntamientos, respectivamente.

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