El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, organizó la mesa panel: Reflexiones sobre el acceso de las mujeres a cargo de elección popular, Proceso Electoral 2021-2022, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“El llegar a estos espacios no ha sido fácil. A las mujeres absolutamente nada ni nadie nos ha regalado el lugar que ocupamos, tan es así tuvimos que hacer a punta de sentencias el que las mujeres pudiésemos llegar a presidir el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua”, manifestó Ana Fátima López Iturrios, abogada feminista y derecho humanista, fundadora de la asociación civil Magistrada Ya.
En su tema: Liderazgo político de las mujeres, resaltó la “urgencia” de mujeres en los liderazgos públicos, y llegar libres de violencia. “Mujer que llega a la vida política tiene que ser minimizada, estereotipada y eliminada del espacio”.
Destacó la trascendencia de un pacto de no agresión entre mismas mujeres. “Cambiemos la manera en como estamos acostumbradas a atacar a la otra, dejemos de pensar que la otra es una enemiga, y empecemos a verla como una aliada”, dijo.
Roxana García Moreno, magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, manifestó que la violencia política de género se puede realizar antes, durante, y después de las campañas políticas, y se puede perpetuar en el desempeño de los cargos de elección popular.
“Compartir los espacios de manera paritaria sigue siendo rechazado muchas veces entre los protagonistas de la vida pública, pues que una mujer ocupe un cargo en este ámbito, quita la posibilidad de llegar a un hombre”, apuntó al desarrollar el tema: Paridad en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
Y aprovechó para retomar el caso de Ascensión, Chihuahua, para ejemplificar la paridad de género en la integración de los Ayuntamientos.
Finalmente, Gabriela Del Valle Pérez, magistrada de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explicó que una de las vías para denunciar la violencia política, es la penal, cutas sanciones pueden ir desde multas hasta privación de la libertad y corresponderá a la autoridad penal.
Otra es la vía administrativa, donde la servidora pública incurrirá en abuzo de funciones cuando realiza por si, o a través de un tercero, alguna de las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Las sanciones en esta vía pueden ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo de la persona violenta.
Resaltó que la reforma de 2020 permite que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales, libres de violencia, lo cual es producto de varias sentencias y acciones afirmativas tomadas tanto por los tribunales como por los instituto electorales locales.
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