El abogado Javier Arturo R.B. quien es exasesor en el Congreso del Estado y quien es acusado de privar de la libertad, lesionar y torturar a su pareja sentimental, permanecerá el resto de su vida en prisión, pues de acuerdo al Código Penal del Estado de Chihuahua, la pena mínima por el delito de secuestro, está contemplada con 50 años de prisión, esto sin contar las penas por el resto de los delitos que logró fincar la Fiscalía Especializada de la Mujer.
Según el código Penal, el delito de secuestro, cuenta con un mayor número de años de prisión para quien lo comete y además no existe un beneficio pre liberatorio, es decir que la persona, debe cumplir cada uno de los años que así considere el juez, ya que es uno de los delitos más penalizados a nivel estatal.
“Cuando nos dijeron que no nos daban la tentativa del feminicidio y violación, para fines de sanción, a nosotros no nos afectó que no quitaran esos dos delitos, porque la actividad delictiva queda en el delito de secuestro, quedo en una modalidad que con agravantes puede llegar desde 50 hasta los 100 años, que es cuando tienen un parentesco, confianza o relación” explicó la Fiscal Especializada Wendy Chávez.
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Javier Arturo R. B. fue acusado de haber violentado a su pareja en repetidas ocasiones, sin embargo, la peor de las agresiones se registró a inicios del mes de septiembre, cuando aplicó una severa tortura por siete días consecutivos, al grado de casi perder la vida, luego de que su pareja la mantuviera presuntamente atada de pies y manos en una cama, donde la golpeaba, le negaba el alimento y aplicaba distintos mecanismos de tortura e incluso de intento de violación sexual.
Todos estos hechos fueron expuestos ante un juez de control, quien luego de escuchar los macabros hechos, determinó que Javier Arturo, solo tendría que ser juzgado por el delito de violencia doméstica, lesiones y secuestro, pero desechó dos tentativas, una por violación y otra más por feminicidio.
De acuerdo al análisis del juez, las tentativas no calificaron para ser imputadas al detenido, pues resolvió que si el hubiera querido, la hubiera matado, es decir, que el fin de mantenerla atada y torturada, no era con la intención de matarla, al igual que la violación, a pesar de que ella fue la que se negó a ser afectada en este sentido.
La Fiscal Especializada, comentó que el delito de secuestro aplica en este tipo de casos, no por el hecho de que exigiera o no dinero, sino porque la ley considera que se consuma una privación de la liberad, “cuando los autores tengan vinculo de parentesco, amistad, gratitud, confianza, relación laboral con la víctima o personas relacionada con esta”.
“Es un indicativo de que la quería matar, porque la tenía privada, sin darle comida, ¿Cuánto tiempo iba a durar así, si la familia no va a encontrar?, y ¿conque objeto?, es como si dejas a alguien que deje de consumir agua, le puedes provocar la muerte a largo plazo, es una conducta que escaló a 7 días consecutivos, que quizá pudieron ser más si un tercero no interviene, la tentativa es eso, que se hagan actos tendientes a hacer eso, pero no lo consideraron” explicó.
La Fiscal Especializada Wendy Paola, dijo que deben ser los jueces, los que realicen el análisis correspondiente con la información que entregue la Fiscalía, para que en su etapa procesal, puedan fincar el número de años que pueda permanecer en prisión el presunto responsable, pero confían en que puedan priorizar la perspectiva de género en la resolución que emitan.
La mujer afectada en estos hechos, logro salir del hospital, con una serie de daños físicos y algunos que se están tratando, incluso se encuentra recuperando su estado de salud, tras haber sufrido este proceso de tortura.
