Abogados exigieron que las y los jueces cumplan con su función a la hora de impartir justicia y una vez que un procesado reciba su libertad, no se reingrese al Cereso debido a que corre riesgo su integridad y su vida.
Ante el incremento de ejecuciones o intentos de ejecución de personas al salir del Centro de Reinserción Social, abogados del despacho Vidaña Maltos y Asociados denunciaron que no se está cumpliendo con el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.
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El abogado Gabriel Vidaña Manjarrez exigió que se cumpla y no se violenten los derechos de las personas al reingresarlos al Cereso, porque ponen en riesgo a las personas y a la comunidad. Lo ideal es que al decretarse la libertad, salgan de la audiencia con sus abogados y su familia.
A la fecha, se han interpuesto dos quejas contra jueces de control debido a que no respetaron la inmediata libertad, sino que siguieron las reglas del Departamento Jurídico del Cereso.
Se presume que existe una filtración de información, porque tras decretarse la no culpabilidad, los procesados vuelven al Cereso bajo el pretexto de cumplir con una salida administrativa.
“Es una simulación poner en libertad a las personas, porque bajo un pretexto quedan a disposición de las autoridades penitenciarias”, externó Gabriel Vidaña.
Denunciaron además que una vez que son reingresados al Cereso, se les cobran entre mil 500 y 2 mil pesos para que salgan temprano, entre las 18:00 y 22:00 horas, en ese lapso, quedan a merced de las autoridades penitenciarias.
Destacó que estas acciones ponen en riesgo a las personas que a diario transitan por la zona, ya sean abogados, ministerios públicos, jueces, familiares y residentes de las colonias aledañas, quienes deambulan para acceder a una parada de transporte público.
Los abogados Isaac Maltos Sifuentes y Gabriel Vidaña llamaron al resto de los despachos a exigir un ambiente de legalidad y se cumpla con el protocolo de actuación para quienes imparten justicia, a fin de que las personas a quienes se les decreta libertad, no sean víctimas de un homicidio.
El abogado Gabriel Vidaña señaló que tienen una responsabilidad social y el derecho de apoyar a las autoridades cuando hay deficiencia, por lo que han decidido denunciar la grave situación que impera en el Cereso.
Desde julio 2023 la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Miriam Victoria Hernández Acosta ordenó que se cumpla con el protocolo, a la fecha este se cumple de manera parcial.
Los abogados señalaron que una de las cuestiones que se cumple es que si es detenido en flagrancia y se declara ilegal la detención no ingresa al Cereso.
Ante esta situación, hicieron un llamado al Estado para que cumpla con su función y no se vulneren los derechos humanos.
