Abogados penalistas coincidieron en que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, entorno a la liberación de algunos reos que cumplan con determinadas características, traería beneficios al sistema penal federal, por lo calificaron la propuesta como positiva, aunque subrayaron que los casos en que estas medidas puedan aplicarse, sería muy pocos.

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El abogado penalista Alejandro Rojas, detalló que la propuesta es un tema de política criminal, la cual atienda puntos relacionados con los derechos humanos, y aunque la calificó como algo positivo, destacó que a la sociedad nunca les ha generado identidad los temas de benevolencia entorno a personas imputadas.

“La sociedad mexicana tiende a ser muy inquisitiva y por ese este tipo de reformas inmediatamente generan debate y controversia; en lo particular considero que las personas que ya tienen esa edad (75 años) o condiciones de enfermedades crónicas incurables, se les debería de permitir por lo menos tener una muerte digna”, comentó el abogado.

Destacó que en el código Penal Nacional se contempla que la prisión preventiva no puede durar más de dos años, por lo que comentó que difícilmente habrá situaciones en donde la persona lleve recluida 10 años sin una condena, aunque reconoció que el sistema penal tiene un importante retraso en los tiempos y por ende los acusados tardan mucho para poder tener su juicio.

Alejandro Rojas, señaló que los tribunales en todo el país están colapsados, incluso recordó que anteriormente en Chihuahua eran tan lentos los procesos, que al concluir los dos años de prisión preventiva, los detenidos eran trasladados al C4 en una especie de calidad de arraigo, mientras esperaban poder tener un juicio y en dado caso una condena.

Por su parte el jurista y catedrático Heliodoro Araiza, manifestó que la propuesta en general es bastante positiva porque hacen falta políticas públicas encaminadas a hacer el derecho penal mínimo y en lugar de eso prevenir o invertir en otras necesidades sociales.

Hizo énfasis en que por lo menos en el caso de Chihuahua, los casos que apliquen para dicha propuesta serían muy pocos, puesto que la propuesta viene ambigua y son temas que ya se encuentran constituidos en la ley.

Explicó que en el caso de los 10 años en prisión sin ser sentenciado, la propuesta no detalla si es sentencia en primera instancia o sentencia definitiva, sin embargo comentó que es muy difícil que por delitos no graves haya personas que lleven 10 años en prisión sin haber sido sentenciados; esto resulta tendencioso y demagogo.

Respecto a los mayores de 75 años que se encuentren en prisión por delitos no graves del fuero federal, señaló que la ley contempla que puedan salir de prisión, sin embargo cada asunto debe tramitarlo el abogado de cada sentenciado, por lo que señaló que el posible cambio podría recaer en la aplicación de ese beneficio para todos los que lleguen a esa característica sin necesidad de solicitarlo.

Araiza Reyes, explicó que en el caso de los mayores de 65 años con enfermedades crónicas, podría aplicarse la misma situación de los de 75 años, pero hizo énfasis en que la mayoría de los sentenciados por delitos del fuero federal, son delitos graves, por lo que difícilmente se podría aplicar en beneficio de alguien.

Destacó que la liberación por haber sido víctima de tortura, sí es un tema relevante y polémico debido a que se tiene que analizar la situación, porque hay casos en que se acredita la tortura, pero también hay pruebas de su culpabilidad, por lo que lo ideal no es que se libere, sino que se castigue a quienes aplicaron la tortura y a quienes la solaparon.

“Pensemos en un violador, un secuestrados o un homicida, que haya sido víctima de tortura en el momento de su detención, resultaría muy complicado que en lugar de aplicar una sentencia de 30, 40 años o más, se le tenga que liberar sólo porque en un mal procedimiento fue torturado; esto seguramente va a causar mucha controversia, porque también hay que ver qué tipo de tortura y que tipos de delitos son los que el acusado cometió”, detalló Heliodoro Araiza.

Chihuahua necesita una Ley de Amnistía local

Sobre este mismo Miguel Ángel Franco, presidente del Foro Colegio de Abogados de Chihuahua, se postuló a favor de la Ley de Amnistía y de la reforma que propone el presidente López Obrador, para liberar a presos mayores de 75 años, reos de 65 años con enfermedades crónicas incurables, a reos que lleven 10 años sin haber sido sentenciados y a quienes acrediten haber sido víctima de tortura.

Coincidió en que esos beneficios son positivos para el sistema penal, pero subrayó que esa legislación sólo aplica al fuero federal, por lo que difícilmente puede beneficiar a alguien, debido a que es aplicable para las personas que cometieron delitos menores, donde no hubo violencia, armas y los que no están relacionados con el crimen organizado.

En este sentido reiteró que a Chihuahua le urge una legislación local para crear y homologar con la nacional, la Ley de Amnistía, ordenamiento que se giró a las entidades federativas desde la creación de la ley a nivel federal, pero que pocos estados lo han cumplido.

Agregó que no se trata de liberar reos al azar, sino que se aplique la amnistía bajo determinadas condiciones tal y como lo marca la ley, pues señaló que existen personas no son merecedoras de cumplir sanciones penales por actos menores y en condiciones en que otro tipo de sanciones resultaría más benéficas para todos.

Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo años atrás una recomendación al estado de Chihuahua, debido a que entre Juárez y Chihuahua, había reos con 5 o 6 años encarcelados sin ser sentenciados, lo que violentaba la ley que marca como máximo, 2 años de prisión preventiva.