La Secretaría de la Función Pública de la Federación abrió una investigación en contra del delegado en Chihuahua de los programas del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, así como del delegado regional, Marcelino Gómez.
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Mediante un oficio del Poder Judicial de la Federación, emitido por medio de la Defensoría Pública, se constató que la Secretaría de la Función Pública investiga a ambos personajes por una denuncia por el presunto delito de peculado.
Fue el ciudadano Hugo Ruiz, ex empleado del Bienestar en Chihuahua, quien inició la denuncia en torno a los presuntos desvíos de dinero del programa de Pensiones Para el Adulto Mayor por parte del gobierno federal.
El ex servidor público presentó un documento el pasado 28 de octubre, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde relata las irregularidades de las que fue testigo, y fue el presidente en turno de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, quien lo turnó al Consejo de la Judicatura Federal en donde comenzó a ser estudiado y analizado.
Posteriormente el ciudadano recibió una invitación para plantear las diferentes pruebas que por ley pueden ser de utilidad para iniciar una investigación por el presunto delito de peculado, en contra de los delegados Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez.
En dicha audiencia, la cual estuvo a cargo del Poder Judicial de la Federación por medio de la Defensoría Pública, se le explicó a Hugo Ruiz el procedimiento a seguir para que dé continuidad a la denuncia y se inicie la investigación.
El expediente quedó bajo seguimiento de la Defensoría Pública con la clave de control 0194/2022, bajo el concepto de Denuncia o Querella por el Delito de Peculado, y se marca como autoridad correspondiente a la Fiscalía General de la República.
“Ya tenemos el documento de recibido, el estudio y el hecho de que se encuentra bajo investigación, sólo nos queda esperar la resolución de la Secretaría de la Función Pública, quienes tienen toda la documentación en su poder”, subrayó.
El exfuncionario adelantó que será en cerca de 10 días hábiles, cuando se obtenga una resolución sobre ese caso, y será entonces cuando Hugo Ruiz se presente ante el Consejo de la Judicatura y se inicia el proceso de acreditar mediante evidencias, el delito de peculado para que las autoridades actúen en consecuencia.
Subrayó que, para tal efecto, están a la espera del tiempo y los momentos indicados para mostrar los documentos que contienen los folios originales con los que cuentan, los cuales son cerca de 4 mil documentos.
Asimismo, mencionó que se cuenta con documentos que acreditan la falsificación de firmas, los pagos recortados o los pagos cobrados y no entregados debidamente a los beneficiaros del programa de Pensiones Para el Adulto Mayor.
