La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado una profunda preocupación por la reciente aprobación de un proyecto de reforma constitucional que afectará al Poder Judicial en México. El organismo internacional ha advertido sobre los posibles impactos negativos de esta reforma en el derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial y la preservación del Estado de Derecho en el país.
La CIDH reconoce la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema judicial mexicano y ha seguido de cerca el proceso legislativo desde su inicio, sin embargo, este proceso ocurre en el marco de una serie de reformas constitucionales que se están discutiendo simultáneamente en el Congreso, lo que ha generado preocupación sobre la falta de un debate profundo y la consideración adecuada de las implicaciones de las reformas.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con expertos y operadores de justicia, han presentado informes a la CIDH señalando las posibles consecuencias de la reforma sobre las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial.
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La CIDH asegura que uno de los aspectos más controvertidos es la propuesta de cesar a jueces y magistrados en fases, a partir de 2025, para implementar un sistema de elección popular de todas las autoridades judiciales del país. Este mecanismo, según los críticos, podría poner en riesgo las garantías de idoneidad y meritocracia en el acceso a la carrera judicial, exponiéndolo a influencias políticas y del crimen organizado, especialmente en regiones controladas por cárteles.
Otro de los puntos señalados es la falta de un diagnóstico profundo sobre las verdaderas deficiencias en el acceso a la justicia. La presencia del crimen organizado en muchas zonas de México añade complejidad a las elecciones populares propuestas, ya que podría comprometer la seguridad y la integridad del proceso de selección de jueces y magistrados.
La CIDH ha destacado que persisten grandes desafíos en el sistema de justicia mexicano, caracterizados por altos niveles de impunidad y corrupción, como lo ha documentado en sus informes anuales.
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La Comisión asegura que si bien es necesario una reforma, subraya que esta debe ser el resultado de un diálogo amplio y participativo, que involucre a la sociedad civil, los operadores de justicia y otros sectores relevantes. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de que cualquier cambio fortalezca las garantías de derechos humanos y el Estado de Derecho en el país.
La reforma también ha sido criticada por incluir la figura de "jueces sin rostro", cuyo uso ha sido previamente rechazado por el sistema interamericano de derechos humanos. La CIDH también ha expresado su preocupación sobre la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, cuya composición y proceso de selección podrían comprometer su independencia y objetividad, además de la falta de garantías adecuadas de debido proceso en su régimen disciplinario.
Aunque el gobierno mexicano ha informado sobre una serie de diálogos nacionales que tuvieron lugar entre febrero y abril de 2024, la CIDH ha observado que la rapidez con la que se ha tramitado la reforma ha dificultado una discusión efectiva y profunda sobre sus implicaciones. Esto ha sido reflejado en las manifestaciones públicas y protestas que han tenido lugar en las últimas semanas, en respuesta a las preocupaciones sobre el futuro de la independencia judicial en el país.
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Además, la CIDH ha expresado su inquietud por las descalificaciones públicas hacia jueces y magistrados que han criticado la reforma, lo que podría afectar la libertad de expresión de los operadores judiciales y generar un clima de hostigamiento contra quienes disienten de la narrativa oficial.
El organismo internacional ha recordado que, según sus estándares, el proceso de selección y nombramiento de jueces es crucial para garantizar la independencia judicial. Estos procedimientos deben basarse en criterios de mérito, capacidades profesionales y calificaciones jurídicas, y deben realizarse en un marco de transparencia y participación pública.
También han subrayado la necesidad de asegurar la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial y de garantizar la independencia en la disciplina judicial.
Por último, la CIDH ha instado al Estado mexicano a asegurar que cualquier reforma judicial se lleve a cabo en plena conformidad con los compromisos internacionales asumidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos. En este sentido, la CIDH ha reiterado la importancia de que las reformas respondan a las necesidades reales del sistema de justicia mexicano, sin discriminación y con un enfoque en la justicia expedita y efectiva.
