El 91 por ciento de los adeudos con Pensiones Civiles del Estado se concentra en 3 organismos, siendo Secretaría de Hacienda el mayor deudor, seguido de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Los 42 organismos afiliados restantes equivale a 9 por ciento de los adeudos.
Los agremiados a este organismos de seguridad social se han dado a la tarea de documentar como la deuda con PCE crece sin que nadie pueda detener la destrucción a la que están destinando a PCE, pues a pesar de que a los trabajadores se les hacen las retenciones sin embargo ese recurso no llega a su destino.
La Secretaría de Hacienda es la responsable de entregar a PCE las cuotas y aportaciones del sector magisterial que representa el 47 por ciento de los derechohabientes, la UACH es la que solo cuenta con un 9 por ciento de derechohabientes y su adeudo equivale al 27 por ciento del total de adeudos con PCE; Hacienda representa el 55 por ciento de los adeudos.
Solo de septiembre a diciembre de 2021 se registró un aumento del 82 por ciento en el adeudo total de Hacienda con PCE.
La maestra Beatriz Verduzco, informó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván fue integrante de la Legislatura LXIV (2013-2016) del Congreso de Chihuahua la cual aprobó la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado bajo el argumento de que con la reforma, PCE tendría una viabilidad financiera de 108 años, sin embargo, a los 2 o 3 años la Institución de Seguridad Social empezó a presentar problemas financieros, gran parte de ellos derivados del desvío de cuotas y aportaciones que las dependencias e instituciones afiliadas debían entregar a PCE, así como de la permisividad del Instituto ante estos desvíos.
Hasta hoy no se conoce de procedimientos o denuncias en contra de quienes han dañado el patrimonio del organismo de Seguridad Social.
Con la reforma en 2013, los derechohabientes perdieron derechos como los préstamos para bienes de consumo duradero y para los afiliados a partir de enero de 2014, la jubilación dinámica; se incrementaron las cuotas al 8% y 12% y para los afiliados a partir de 2014 se crearon cuentas individuales, lo que implica que su pensión dependerá del ahorro que acumulen en ella, que a lo sumo podría llegar a un 30% de su salario.
A los trabajadores de la educación se les hacen retenciones por los siguientes conceptos: ISR (Mínimo 30%); Cuota fondo pensiones (8% o 12%); Servicio médico (3%); Cuota sindical (1%); SIMAP (entre 2% y 6%); Seguros de retiro (1%); Seguro gastos funerarios ($72.98 quincenales); Seguro de vida ($109.32 quincenales); Seguro para auto; Descuentos por préstamos, etc.
Tan sólo de lo que podemos cuantificar de manera general, a un trabajador se le retiene actualmente un 52% de su salario. Es decir, a un docente de plaza inicial le descuentan, aproximadamente, $3.284.00 quincenales y recibe de sueldo quincenal $3,046.00. A la fecha una buena parte del magisterio recibe estos ingresos.
Ante ello se han pronunciado en contra de que el rescate financiero se finque en los trabajadores y cotizantes, sino más bien exigirles a esos deudores que paguen.
El adeudo de la Secretaría de Hacienda es de 3,153’406,530. De los cuales de aportación fondo propio es de 4’229,537; de aportación fondo propio reforma 4’027,489; aportación a cuentas individuales por el orden de 14’289,372; del diferencial de servicio médico son 365’672,822; de nómina bruta de 315’992,003; de nómina bruta de administrativos 1’164,869; servicios área médica 28’522,834; servicios de área administrativa de 401,566 y el subsidio estatal de 1,827’574,853. El subtotal es de 2,561’874,949 más recargos que son 591’531,580.
El adeudo del subsidio estatal de noviembre a diciembre se incrementó en un 58 por ciento.
Todo ello deja a la deriva a los derechohabientes quienes deben de enfrentar el pésimo servicio que se les brinda y la falta de insumos y medicamentos, sin dejar de mencionar el pago de prestaciones.
La ley de Pensiones Civiles del Estado es letra muerta.