El secretario de Tribunal del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, Antonio Camacho Sánchez, dio a conocer que ante las ordenes de jueces federales en relación a amparos promovidos en contra de la Reforma Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en desacato.
El jurista integrante de la Asociación de Juzgadores Federales, comentó que acudirán al juicio de amparo para llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde anteriormente se le ha dado marcha atrás a reformas impulsadas por el Ejecutivo federal, de igual forma dijo que los congresos locales también pueden buscar la inconstitucionalidad y se puede también acudir a organismos internacionales.
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“Ahorita la Asociación de Juzgadores Federales, determinó que se iba a continuar con la suspensión de labores y aunque no hay una fecha exacta, se calcula que sea hasta por lo menos el 2 de octubre, que es cuando viene la sucesión de la Presidencia de la República”, dijo.
Adelantó que la intención es que aparte de seguir con la suspensión de labores, abordar todas las opciones legales posibles, no sólo los juzgadores, sino también las legislaturas de estados como Chihuahua, Querétaro, Jalisco, entre otros.
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Añadió que pese al paro de labores, continúa trabajando la guardia que brinda la atención adecuada a los casos urgentes, por lo que la suspensión de los trabajos no es total, sino parcial.
“De cualquier manera, aunque se retorne a los trabajos, es decir, a los tribunales, la reforma aún no está firma, todavía están pendientes las acciones de inconstitucionalidad con las que se pueda debatir la constitucionalidad de la reforma, también se tiene al alcance el juicio de amparo, para impugnar esa reforma”, explicó.
Hizo énfasis en que los amparos pueden ser promovidos por la base trabajadora y el público en general, como el gremio de abogados y todas las personas que tienen contacto con el Sistema de Justicia Federal y que se verán afectados por esa reforma.
Camacho Sánchez reiteró que la estrategia que se llevará a cabo es la de concientizar a la ciudadanía en general y la de impugnar por todos los medios jurídicos que se tengan disponibles y que aún puedan tener un resolutivo favorable para los inconformes.