El Colegio de Juristas realizó el Seminario de Actualización Jurídica 2023 a través del cual se preparan para la implementación de la justicia digital en la entidad; esto, dando cumplimiento al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual fue avalado por el Congreso de la Unión y el cual tiene el objetivo de agilizar y eficientar los procesos.
“La finalidad de esta legislación procesal única es que se homologuen los criterios en todo el país, que se brinde seguridad jurídica a todos los justiciables y también que se garantice un verdadero acceso a la justicia”, fue lo externado por el juez Octavo Civil por Audiencias, Erick Parada Díaz.
En dicho seminario se dio a conocer a los presentes que este Código, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de junio, consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos.
Resaltaron que cuenta con figuras novedosas como el establecimiento de la carga dinámica de la prueba, la incorporación de la declaración de parte en materia civil y el sistema de libre convicción en la elaboración de pruebas; asimismo, uno de los principales avances con los que se cuenta con esta reforma es el establecimiento de la justicia digital, lo cual generará la creación de expedientes electrónicos y promociones a través de la firma electrónica avanzada.
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Para el correcto desarrollo de estas herramientas, consideró fundamental que exista el compromiso tanto de las autoridades como de los litigantes para capacitarse y sensibilizar a todas las personas involucradas en este proceso, además de realizar los ajustes normativos internos para implementar los sistemas de gestión judicial en el sistema de justicia oral contenido en el Código.
Por lo anterior, adelantó que se realizarán varios ajustes razonables al procedimiento en los que en cada caso se establecerán medidas de protección y apoyos, especialmente a las personas vulnerables.
En este tenor, reiteró que queda más que clara la obligación de todos los juzgadores de emitir sentencias atendiendo a dichos protocolos, además de con la perspectiva de género, de infancia, de adulto mayor y de alguna persona que se pueda encontrar en situación de vulnerabilidad.
“Esta es la forma en la que se pueden hacer efectivos todos aquellos temas de justicia cotidiana conforme lo estableció la Suprema Corte, y corresponderá a juezas, jueces, magistrados y magistradas, poder en su momento, brindar ese acceso a la justicia a toda la ciudadanía”.
